ese a las advertencias de los organismos financieros (como el FMI) y las calificadoras internacionales (que han degradado la nota de la deuda mexicana), amén de la supuesta austeridad y la promesa (incumplida, desde luego) del gobierno de Peña Nieto, el saldo de la deuda creció a paso agigantado hasta rozar la cota de los 10 billones de pesos.

Así, en el transcurso de 2016, el año en que el débito público no aumentará (versión oficial), el gobierno peñanietista contrató deuda a razón diaria, en promedio, de 4 mil 200 millones de pesos, o si se prefiere, 175 millones por hora o casi 3 millones por minuto.

En sus cuarenta y nueve meses (hasta diciembre de 2016) de estadía en Los Pinos, Peña Nieto y Luis Videgaray incrementaron 67 por ciento el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP, el indicador de lo que se adeuda), es decir, casi 4 billones de pesos. Y todas las cifras que se anotan no las aportó el energúmeno de Trump, sino la mismísima Secretaría de Hacienda (Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al cuarto trimestre de 2016).

Como parte del citado saldo histórico aparecen dos rescates del siglo pasado, ambos cortesía de Ernesto Zedillo: el bancario (Fobaproa-Ipab) y el carretero (Farac). Los mexicanos acumulan 22 y 20 años, respectivamente, pagando por esos voluminosos fardos y a pesar de ello su saldo crece y crece.

Cuando Peña Nieto se instaló en la residencia oficial el saldo del Fobaproa-Ipab ascendía a 827 mil 762.2 millones de pesos; cuatro años después, y sin dejar de pagar un solo día, asciende a 892 mil 184 millones, es decir, casi 65 mil millones más, todo, desde luego, con carga a los mexicanos.

Lo mismo sucede con el Farac (sin olvidar que un buen número de las carreteras rescatadas por el erario fueron devueltas a los empresarios rescatados). En diciembre de 2012 el saldo reconocido ascendía a 141 mil 379 millones de pesos, y al cierre de diciembre de 2016 llegó a 215 mil 269 millones; es decir, un incremento cercano a 74 mil millones, y en ningún momento los mexicanos han dejado de pagar ambos rescates.

A estas alturas, y gracias a las maravillosas habilidades gubernamentales, la deuda pública supera 50 por ciento del producto interno bruto. Lo mejor de todo es que el compromiso fue no endeudar más al país.

Y tan creíble resultó el citado compromiso como el actual pronunciamiento de los partidos políticos contra el megagasolinazo, del cual sabían desde que aprobaron la Ley de Ingresos correspondiente a 2017. Cercano ya el segundo aumento a los precios de los combustibles (3 de febrero), ahora todas las empresas políticas conocidas como partidos se rasgan las vestiduras y con todo cinismo exhortan a la Secretaría de Hacienda a que no autorice el alza, mientras el titular de ésta dice que intenta suavizar el martillazo.

Cómo olvidar al dirigente tricolor Enrique Ochoa Reza, quien en diciembre pasado y enero del presente año un día sí y el siguiente también justificó el megagasolinazo decretado por Hacienda, mientras hacía circo, maroma y teatro para que alguno de sus correligionarios le hiciera eco. El susodicho decía que el gobierno actuó de manera responsable al eliminar el precio artificial de los combustibles, pues de no hacerlo se habría tenido que hacer un recorte al gasto público por 200 millones de pesos.

Pues bien, ahora (ya debidamente instruido por sus jefes) el mismo personaje exhorta a la Secretaría de Hacienda a que “busque las mejores condiciones de solución para que en febrero, ante la condición actual del precio del petróleo y el tipo de cambio, no aumente el precio de los combustibles… Exijamos las mejores políticas públicas para que tengamos precios de combustibles justos”. Ajá, pero ¿dónde quedó aquello de actuó de manera responsable al eliminar el precio artificial? ¿Y los (supuestos) 200 mil millones de recorte?

Pero el cinismo no es exclusivo de Ochoa Reza. Por la misma pasarela han transitado todos los partidos políticos y sus supuestos líderes; es decir, los mismos que desde el inicio mismo del sexenio peñanietista, vía Pacto por México, avalaron las barbaridades que el gobierno ha venido haciendo. Pero ahora todos hacen como que se persignan, cuando todos ellos aprobaron el megagasolinazo y ahora piden sensibilidad al directamente responsable de abrir la jaula al tigre.

En el sexenio calderonista el Partido Acción Nacional no dejó pasar día para avalar y aplaudir la política de gasolinazos mensuales, y cuando era criticado los rabiosos panuchos se rompían las vestiduras para que su patrón lo notara y les aventara croquetas, mientras que en ese entonces el PRI y sus jilgueros denunciaba la perversidad del entonces inquilino de Los Pinos. Ahora se intercambian los disfraces, y son los panistas los quejosos y los tricolores los que defienden la plaza con todo y matraca.

Pero si de compromisos se trata, allí el del futuro promisorio y el crecimiento económico a una tasa de 5 por ciento, ambos hechos públicos por la pareja presidencial (EPN-Videgaray). El primero se fue al caño desde el arranque mismo del sexenio, y el segundo lo trasladan al siguiente gobierno, porque en este nada de nada (si bien va, 1.9 por ciento como promedio anual).

Ayer, La Jornada lo registró así: en el periodo octubre-diciembre de 2016 la actividad económica se incrementó 0.6 por ciento respecto de julio-septiembre, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Inegi al presentar los resultados de la Estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) trimestral. En su comparación anual, se registró un aumento de 2.2 por ciento en el cuarto trimestre de 2016 con relación a igual periodo de 2015.

Las rebanadas del pastel

Entonces, a sacar la calculadora para sumar los compromisos incumplidos, mientras el notario que los firmó también está prófugo… Cierre del primer mes del año: dólar a 21.20 micropesitos y barril petrolero de exportación a 45.18 billetes verdes.

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