Buenos Aires.

El anuncio de un nuevo tarifazo en el servicio de la luz, de entre 60 y 145 por ciento, que sobre lo ya ejecutado en 2016 sumará mil 600 por ciento de incremento, afectará especialmente a los sectores de menores recursos, a la industria, al comercio, la construcción y otros, en momentos en que 57 por ciento de la población rechaza la gestión del gobierno del presidente argentino, el derechista Mauricio Macri.

Los aumentos de luz se aplicarán a partir de este miércoles, como anunció este martes el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien señaló que este ajuste se concretará en dos tramos (en febrero y en marzo). La intención, detalló, es que la incidencia del aumento no afecte tanto los bolsillos en un mes de alto consumo como febrero.

También la llamada tarifa social aumentará 35 por ciento, lo que se añade a los aumentos en las tarifas del metro, peajes, combustible y los que vendrán de agua y gas, que resultarán impagables para vastos sectores de la sociedad y afectarán gravemente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las que más puestos de trabajo generan en el país.

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, consideró que el porcentaje de los aumentos es claramente confiscatorio y alcanza a la franja de consumidores medios, que equivale a 40 por ciento del total.

Aranguren anunció además un nuevo aumento en noviembre de 19 por ciento y otro en febrero de 2018, de 17 por ciento. “Se ha consagrado así un régimen de tarifazo permanente en favor de las empresas eléctricas”.

Analizó que mientras a las empresas eléctricas se les otorga un aumento 20 veces superior a una inflación de 60 por ciento (2016 más 2017), el gobierno busca imponer a los trabajadores un techo de 18 por ciento y convalidar el retroceso salarial de 2016 de aproximadamente 10 puntos.

Recordó que los nuevos planes que surgen desde el Ministerio del Trabajo para una reforma laboral contemplan subsidios directos para las empresas. Aranguren aclaró que las empresas privatizadas seguirán recibiendo fondos públicos, complementando por esta vía una tasa de beneficio de dimensiones extraordinarias, indicó Solano, quien llamó a anular el tarifazo, a terminar con las empresas privatizadas, abrir sus cuentas e investigar la utilización dada a los subsidios, mediante una comisión independiente de trabajadores y usuarios.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el argumento de que es necesario reforzar los controles en sus fronteras, dispuso una nueva normativa a partir de esta semana que endurece los requisitos para las visas otorgadas a ciudadanos argentinos.

Esto anula los acuerdos firmados en 2016 entre el entonces presidente Barack Obama y Mauricio Macri, quien con bombos y platillos anunció la nueva política migratoria para favorecer a los argentinos, aunque en realidad era más una noticia propagandística que una realidad.

Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 27 de enero que se conoció este martes aquí, y a partir de ahora el Departamento de Estado requiere entrevistas a todos los argentinos, excepto los menores de 14 y los mayores de 79 años.

Hace menos de un año se había anunciado que menores de 16 años o mayores de 66 años podían realizar el trámite por correo, sin presentarse a la entrevista, pero esta facilidad también dejó de existir, acortando además los plazos para renovación de visas vencidas en la misma categoría. Serán eximidos de la entrevista aquellos solicitantes cuyas visas hayan expirado hace menos de 12 meses. Hasta la semana pasada, ese plazo era de cuatro años.

En tanto, los organismos humanitarios y de defensa de los inmigrantes, tanto locales como internacionales, reaccionaron ante el decreto de Macri en el tema de migración, denunciando que contiene varios puntos que son anticonstitucionales y violan compromisos asumidos por este país en la región.

“La idea de no dejar entrar al país o expulsar rápidamente a extranjeros sólo se aplicará a bolivianos, peruanos, colombianos y paraguayos. Y sólo a los pobres, no a cualquiera de esa nacionalidad. Los morochos son los sospechosos”, sostiene el analista Raúl Kollman en Página 12.

Explica además que esto “no afectará a los verdaderos delincuentes ni a los grandes narcos. Queda claro que los ricos tienen la estructura para ingresar e incluso los medios para que los expulsen, cuando ellos quieren”.