Zacatecas, Zac.

La Comisión de los Derechos Humanos de Zacatecas (Cdhez) investiga si se violaron las garantías individuales de los habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, quienes fueron desalojados de sus casas el pasado 13 de enero por guardias de la minera canadiense Panamerican Silver, que explota un yacimiento subterráneo en ese sitio.

María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Cdhez, informó que este miércoles se reunirá con los diputados locales Santiago Domínguez Luna y María Elena Ortega Nava, quienes le informarán sobre la situación de las 47 familias que fueron desplazadas por vigilantes armados.

Domínguez Campos señaló que si se demuestra que se cometió un desalojo ilegal pese a que existe un litigio sobre la propiedad de las tierras, constituiría una grave violación al estado de derecho.

Dijo que la expulsión de habitantes de La Colorada, cometida a mediados de enero, es muy similar a la que se hizo con uso de la fuerza pública de Zacatecas en la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, donde la minera Tayahua, de Grupo Frisco, disputa la propiedad de las tierras a los habitantes.

Si hay un conflicto jurídico por tenencia de la tierra, siempre se deben salvaguardar los derechos humanos de los habitantes, y mientras no haya orden de una autoridad competente, no se puede desalojar arbitrariamente a las personas, insistió.

La ombudsman reiteró que en ambos casos (La Colorada y Salaverna) los desalojos se realizaron con litigios abiertos.

Hemos sido muy enfáticos y muy firmes: los actos de autoridad del gobierno del estado, de la Federación o de los municipios tienen que ajutarse a la ley. En el caso de Salaverna, al margen de intereses económicos o políticos, lo primero es salvaguardar los derechos de la población, sostuvo.

Manifestó que se debe garantizar el derecho de las personas que han sido las posesionarias de esos predios durante muchos años, y las autoridades tienen que respetar el estado de derecho, siempre protegiendo a quien esté en situación de vulnerabilidad.

Los habitantes explicaron que Panamerican Silver llegó en 1998 para explotar yacimientos de oro, plata y cobre en La Colorada, la cual operó sin conflictos e incluso algunos pobladores trabajaron en esa compañía hasta mediados de 2014, pero ahora los expulsó de sus viviendas.