El Congreso de Jalisco fue sitiado por integrantes de 33 de organizaciones que conforman el colectivo México Despierto, los cuales protestaron contra los incrementos al precio de las gasolinas y el gas doméstico, así como para exigir que los funcionarios de los tres órdenes de gobierno se rebajen a la mitad el salario y se reduzcan 50 por ciento los recursos a los partidos políticos.

Durante 13 horas, los inconformes lograron cercar la sede legislativa, donde se mantuvieron pasadas las 19 horas, luego de que representantes de los manifestantes salieron de una reunión en el Palacio de Gobierno con funcionarios estatales y del Congreso local.

Cientos de policías fueron desplegados en las inmediaciones del centro de Guadalajara y colocaron vallas metálicas alrededor del recinto legislativo, el Palacio de Gobierno y el edificio de Justicia, ubicados en la Plaza Liberación.

Los diputados locales, en respuesta al pliego petitorio, se comprometieron a instalar mesas de diálogo. No obstante, los manifestantes advirtieron que en caso de que sus exigencias no sean escuchadas y resueltas volverán en los próximos días a realizar manifestaciones.

En Chilpancingo, Guerrero, miles de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación protestaron en la autopista del Sol México-Acapulco en contra del gasolinazo, la reforma educativa y para que se esclarezca la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por los mismos motivos, marcharon 2 mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Morelia, Michoacán.

Unos 800 integrantes del Movimiento Civil contra el Gasolinazo de Ixmiquilpan, Hidalgo, retuvieron por algunos minutos a siete funcionarios municipales para que mostraran pancartas con leyendas en las que acusaron de traidor al alcalde panista Pascual Charrez Pedraza por haber solicitado policías estatales el pasado 5 de enero, cuando ocurrió un enfrentamiento con manifestantes.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el Barzón y otras organizaciones campesinas anunciaron marchas contra el gasolinazo para el fin de mes y exigieron al gobierno federal que recorte gastos de funcionarios, como vales de gasolina, seguros de gastos médicos privados, reducción en viáticos y gastos de representación, así como la disminución de asesores personales.

Exigieron un programa de estímulos fiscales para el diésel agropecuario, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde diciembre pasado y que debería de entrar en vigor en el ejercicio fiscal 2017, lo que beneficiaría a unos 200 mil productores y poco más de 6 millones de hectáreas de cultivos.