Nueva York.

Líderes y defensores de derechos humanos de todo el país han condenado lo que algunos llaman ‘‘guerra contra inmigrantes’’ declarada por el presidente Donald Trump, quien busca intimidar, detener y deportar a millones.

Acciones de emergencia –foros, mítines, marchas– se multiplican mientras defensores de derechos humanos examinan las implicaciones de dos órdenes ejecutivas firmadas este miércoles, que incluyen la construcción de un muro fronterizo, instrucciones para detener, procesar y deportar a millones de inmigrantes, resucitar medidas de cooperación entre fuerzas de seguridad pública locales y federal de persecución de inmigrantes, y castigar a entidades que se declaran ‘‘santuarios’’ y rehúsan colaborar con autoridades migratorias.

‘‘Es criminalizar todo’’, comenta el abogado Jose Pertierra en Washington. “Las medidas anunciadas, agrega, implican que si llegas sin papeles desde Centroamérica o México te van a meter preso’’. Eso –dice en entrevista con La Jornada– es el propósito: ‘‘es un acoso e intimidación para que la gente no venga o para que los que están aquí se vayan’’. O sea, subrayó, “es hacer que las condiciones aquí sean intolerables, y el mensaje a los que desean migrar es: ‘si vienes aquí te van a meter en la cárcel’.

‘‘Las órdenes ejecutivas son un cambio de prioridades en la política migratoria. Ahora, cualquier delito, aunque sea menor, o si sólo te han acusado, pero no enjuiciado, o has hecho alguna declaración falsa a oficiales estadunidenses, aunque sea algo muy menor, te pueden detener y después deportar’’, explica. Indica que, por ejemplo, lo que antes se llamaba ‘‘capturar y liberar’’, donde las autoridades detenían para después citar a la persona ante un tribunal, se anula con estas órdenes.

Pertierra indicó que el mensaje es que cualquiera que ha ingresado al país sin autorización será encarcelado y procesado. Eso convierte en ‘‘delito mayor ingresar a Estados Unidos”.

Esto tendrá la consecuencia de abrumar a fiscales y tribunales que antes daban prioridad a asuntos mucho más graves que un inmigrante sin papeles, sobre todo en la frontera. También llevará inevitablemente a una serie de abusos e implica el debilitamiento del derecho al asilo en violación a convenciones de la Organización de Naciones Unidas, así como de leyes estadunidenses.

‘‘Los abogados tendremos que desafiar todo esto y buscar que algún tribunal emita fallos para congelar algunas de estas medidas’’, pero señala que sus clientes, siempre vulnerables, ahora corren mayor peligro que nunca, y que el temor cunde entre ellos.

‘‘La única certidumbre es la incertidumbre bajo este nuevo gobierno’’, afirmó la abogada y profesora Susan Gzesh, directora del Centro Familiar Pozen para Derechos Humanos, en la Universidad de Chicago, experta en asuntos de migración. Las medidas anunciadas en las órdenes ejecutivas, asevera en entrevista con La Jornada, están diseñadas para ‘‘generar temor entre el público’’ al calificar, ‘‘siempre con lenguaje inflamatorio, afirmando que todo inmigrante que entra al país está bajo sospecha como amenaza potencial a la seguridad pública’’.

Al igual que Pertierra, indicó que entre lo más preocupante está la ampliación de la definición de los inmigrantes como criminales. Consideró que tal vez el gobierno de Trump buscará hacer algunas cosas con el propósito ‘‘de generar mucha publicidad y espantar a comunidades. Sin embargo, recordó que, aun en redadas, todo indocumentado sigue contando con algunas protecciones constitucionales básicas, aunque a veces esas garantías sólo se respetan después de largos procesos judiciales.

Por otro lado, alcaldes y políticos electos de varias entidades que se definen como ‘‘santuarios’’ (se calcula que son entre 300 y 400 ciudades, condados y hasta estados) continúan expresando su oposición no sólo a las medidas antimigrantes, sino al ataque explícito en una orden ejecutiva contra ellos.

Trump ordenó que se evalúe anular fondos federales a toda entidad ‘‘santuario’’, esto es, que expresamente han ya declarado que no cooperarán con autoridades de migración federales en la persecución y detención de inmigrantes indocumentados.

Durante las pasadas 48 horas, alcaldes de las principales ciudades, como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Chicago, reiteraron que no acatarán la orden ejecutiva y que llevarán sus casos ante tribunales, al considerar estas medidas ilegales y hasta inconstitucionales. El alcalde de Boston, Marty Walsh, prometió que estará dispuesto a ofrecer refugio en la alcaldía a indocumentados que se sienten amenazados por el gobierno de Trump.

Algunos políticos locales y estatales han expresado no sólo su desafío, sino su intención de impulsar contramedidas, como reducir las contribuciones estatales a las arcas federales, y advierten que la anulación de fondos federales podría tener consecuencias para esfuerzos de seguridad pública.

El procurador general de Nueva York, Eric Schneiderman, declaró: ‘‘gobiernos locales que buscan proteger a sus comunidades inmigrantes ante la intromisión federal tienen todo el derecho de hacerlo. Cualquier intento de bullying a gobiernos locales para abandonar políticas que han mantenido seguras a nuestras ciudades no sólo es inconstitucional, sino amenaza la seguridad de nuestros ciudadanos’’. Afirmó que hará todo para combatir esta orden. El gobernador de Washington, al igual que el líder del Senado de California (estado ‘‘santuario’’) se unieron.

En un editorial, el New York Times calificó de ‘‘ominosos’’ los cambios a regulaciones migratorias anunciados este miércoles, lo cual busca ‘‘ampliar drásticamente la detención de quienes entran al país sin permiso’’, e impone las condiciones para que se encarcele a ‘‘miles de indocumentados, quienes no representan una amenaza, con lo que se incurrirá en amplias violaciones de derechos civiles y discriminación’’.

Mientras tanto, la comunidad musulmana sigue en espera de órdenes ejecutivas, con detalles ya filtrados, de que se frenará la inmigración de naciones de población islámica, incluso refugiados, como medidas para vigilar a esa comunidad dentro del país.

A la vez, la ofensiva en su contra ha generado nuevas alianzas entre diversas organizaciones inmigrantes y de defensa de derechos civiles en este país. Por ejemplo, el Consejo sobre Relaciones Estadunidenses-Islámicas (CAIR), junto con Judíos Unidos por la Justicia y organizaciones de inmigrantes latinoamericanos, como CASA, además de sindicatos, estudiantes y religiosos, siguen convocando a manifestaciones y foros en diversas ciudades.

Algunos, sobre todo jóvenes, aparecen en el centro de ciudades o frente a alcaldías con mantas que afirman: ‘‘Indocumentado y sin miedo’’.