Culiacán, Sin.

En un hecho sin precedente en Sinaloa, el Poder Legislativo rechazó la cuenta pública de la administración estatal que encabeza el gobernador Mario López Valdez, correspondiente al primer semestre de 2016, debido a irregularidades en diferentes áreas, sobre todo en las secretarías de Salud y Educación Pública y Cultura.

Inicialmente, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que aprobaría la cuenta pública y así lo planteó en la discusión del dictamen en la comisión de fiscalización de la legislatura local, pero debido a presiones de otros partidos, así como de organismos sociales y empresariales, la rechazó.

La Auditoría Superior del Estado detectó deudas por poco más de 5 mil 300 millones de pesos sin fuente de pago, y 4 mil 600 millones de deuda pública a largo plazo, así como más de 752 millones de pesos retenidos a trabajadores que no fueron entregados al Instituto Estatal de Pensiones, el Sistema de Administración Tributaria y a varias empresas aseguradoras.

La cuenta pública fue rechazada por 35 legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática y Morena; cinco legisladores se ausentaron durante la votación: los priístas Marcial Liparoli y Aarón Rivas Loaiza –quienes formaron parte de la administración de López Valdez–, Juan Pablo Yamuni, del blanquiazul, Angélica Díaz, del Partido Sinaloense, y Misael Sánchez, del Verde Ecologista de México.

Proponen auditorías

El diputado panista Zenén Xóchihua Enciso, integrante de la comisión de fiscalización, y la coordinadora del PRI, Irma Tirado, coincidieron en que se debe auditar a la Secretaría de Salud y a la de Educación y Cultura.

La coordinadora del PRI consideró una omisión muy seria haber excluido de la revisión los sectores salud y educativo, y el adeudo de más de 500 millones de pesos a proveedores de esos ramos. En tribuna, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Castaños, afirmó que él y sus compañeros de bancada son una oposición responsable que no busca revanchas; sin embargo, no estamos dispuestos a avalar errores, omisiones o desfalcos de quienes no hicieron bien su trabajo e incumplieron la ley, advirtió.

El gobierno estatal, según la Auditoría, dejó una deuda de casi 8 mil 500 millones de pesos.