En el debate en torno a la modificación o renovación de la Constitución Política no debe dejarse de lado y mucho menos excluirse que la prioridad debe ser el sentido social del texto, señalaron especialistas universitarios.

Durante la segunda jornada de trabajo del coloquio ¿México necesita o no una nueva Constitución?, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuyo coordinador es el embajador Héctor Vasconcelos, los académicos se refirieron al tema de los derechos políticos y sociales.

Rolando Cordera, de la Facultad de Economía, señaló que no sabe si el país requiere de un nuevo texto constitucional, pero sostuvo que la mejor manera de conmemorar su centenario es reconfigurar el significado del interés general o del bien común, alineándolos por objetivos de igualdad, justicia y democracia.

Esto, continuó, podría ser la gran tarea, nuestro compromiso vital, tras años de condescendencias hacia la abstracción mal entendida y, lo peor, de autocomplacencia con el poder del dinero y el juego del intercambio financiero desbocado.

En ese sentido, propuso construir una nueva sintonía entre economía y sociedad, en especial entre la política económica y la social en la perspectiva de un desarrollo concebido como un proceso integral cuyo horizonte sea el de los derechos humanos fundamentales, como plataforma en expansión que abarque los derechos económicos, sociales y culturales.

Su cumplimiento, protección e inscripción en la agenda nacional debería convertirse en el criterio maestro de la evaluación de la calidad y el ritmo del propio crecimiento económico. Como lo fue hace 100 años, sigue siendo fundamental subrayar la prioridad que lo social tiene, se trata de reconstruir institucionalmente la economía y recuperar las capacidades de intervención y conducción del Estado. Para ello se tiene que recuperar la cohesión de un contexto social complejo y abigarrado, desgarrado por la crisis, la desigualdad y la violencia y ahora por la amenaza del majadero y rijoso presidente de Estados Unidos.

Por su parte, Jacqueline Peschard, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, afirmó que en el análisis de la Constitución deben darse modificaciones a algunos derechos políticos, como revisar el financiamiento a los partidos y la comunicación oficial de éstos en los medios masivos de información, pues el que se haga en tiempos oficiales resulta demasiado pesado y enfadoso para la ciudadanía.