Tener armas en las casas, no obstante que sean legales, no es la solución a los problemas de inseguridad. Deben ser controladas y debidamente resguardadas por sus poseedores, además de que las campañas de despistolización tienen que ser permanentes y fortalecerse, adujo Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El Estado es quien debe cumplir con la responsabilidad de proteger a sus gobernados y evitar que las personas ejerzan justicia por propia mano. Cada arma que se retire de la sociedad implica una posibilidad menos de que se generen hechos violentos y que se victimice a una niña, niño o adolescente, mencionó durante la exposición de su informe 2016 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Explicó que abundan las posturas de que el uso arbitrario de la fuerza es la vía más eficaz para combatir la injusticia y la ilegalidad, aunque ello implicara incurrir en otros actos injustos e ilegales.

El titular de la CNDH agregó que se reivindicó la justicia por propia mano, que encontró expresión en diversos linchamientos llegándose al extremo del elogio y reconocimiento público en casos como los de Puebla, estado de México o la capital.

La prevención debe ser una prioridad para familias, autoridades escolares y para los gobiernos, resaltó, pues “no podemos confundirnos. Hechos tan lamentables como los ocurridos recientemente en Nuevo León nos demuestran una realidad que requiere atención en aspectos como el acoso escolar, los problemas de depresión de niñas, niños y adolescentes, así como una regulación más completa y estricta para la posesión de armas.

La porosidad de nuestras fronteras y la actuación indebida de las autoridades ha propiciado que ingrese un gran número de armas a nuestro país y que cada vez sea más fácil conseguir una.