La discusión y elaboración de un marco normativo para las tareas que con carácter extraordinario realizan las fuerzas armadas resultan relevantes, pero no implica, por sí mismas, la solución a la inseguridad y la violencia que nuestro país enfrenta, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman adujo que la formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el fortalecimiento de la prevención, así como una revisión y replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, son algunos de los factores que se deberían atender de manera adicional a una ley sobre seguridad nacional o interior, que en todo caso deberá formularse bajo una perspectiva de derechos humanos.

No podemos permanecer impasibles cuando advertimos complicidad y vínculos entre algunas autoridades y delincuentes, cuando aquellas tienen que actuar para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica no cumplen con tal obligación o pretenden delegarla en otros, como en los llamados grupos de autodefensa, aun cuando con ello trasgreda la normatividad. No podemos resignarnos a que la ley sea objeto de negociación y a que su aplicación sea algo discrecional.

El funcionario presentó su informe anual 2016 en San Lázaro, donde diputados y senadores lo hicieron esperar hora y cuarto, en lo que se alcanzaba el quórum de ley para iniciar la sesión de la Comisión Permanente.

Con dureza, expuso que el reconocimiento constitucional de los derechos humanos no ha sido suficiente para garantizar su respeto y aplicación efectiva. Esto ha ocasionado que la sociedad perciba un divorcio entre lo que dicen las normas y lo que ocurre en la realidad. La confianza en las instituciones y la certidumbre sobre la aplicación de la ley se ha perdido, o cuando menos debilitado, ante la impunidad, la corrupción, la indiferencia.

Resaltó que durante 2016 nuestras instituciones fueron severamente cuestionadas por factores como la falta de rendición de cuentas, la impunidad, los conflictos de intereses, así como por la existencia de violaciones graves a derechos humanos, en las cuales se advirtió un entramado de corrupción y de falta de aplicación de las normas.

El año pasado, 61 mil 661 personas acudieron a la CNDH, recordó González Pérez, al detallar que en materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de violaciones a derechos humanos fueron: Instituto Mexicano del Seguro Social con 2 mil 74 casos; Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, mil 619; Issste, 838; Policía Federal, 660; Secretaría de Educación Pública, 537; Instituto Nacional de Migración, 532; Procuraduría General de la República (PGR), 512; Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 439; Marina, 258, y Sedesol, 247 casos.

Si agrupamos a las autoridades señaladas como presuntas responsables de algún abuso de poder por sectores, tendríamos que durante 2016 respecto al sector salud se habrían presentado 3 mil 79 quejas, mientras que en seguridad se habrían registrado mil 835 y en educación 685.

El año pasado, este organismo nacional emitió 72 recomendaciones a 55 autoridades, lo cual significó un aumento de 20 por ciento frente a lo registrado en 2015.

Las cinco autoridades destinatarias del mayor número de recomendaciones fueron el IMSS con 15 casos; Marina, siete; PGR, seis; Comisión Nacional de Seguridad, seis, y Sedena, cinco. Del conjunto de recomendaciones emitidas en 2016, sólo dos han sido cumplidas en su totalidad, 54 tienen pruebas de resolución parcial, y 14 fueron aceptadas sin que se tengan pruebas de solución.

Los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales versaron las recomendaciones, fueron diversas, desde casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión y afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración.

Recomendó al Legislativo elaborar una ley que imponga parámetros, alcances y medidas de austeridad en el gasto, así como en el destino que se dé a los recursos que se afecten. Adelantó que la CNDH ahorrará 50 millones de pesos en el ejercicio 2017.