os planteos que ha hecho Trump a su llegada a la presidencia estadunidense confirman que su gobierno afectará negativamente el funcionamiento de la economía mexicana. Declarar que con esa administración no habrá confrontación, como lo ha hecho Peña Nieto, significa no entender que no depende de nuestro país la existencia de conflictos entre México y Estados Unidos. El nuevo gobierno de este país está decidido a cambiar las reglas del juego comercial. Los discursos con empresarios automotrices y de otras industrias ratifican que Trump castigará cualquier nueva inversión en nuestro país que sustituya procesos industriales que se llevaban a cabo en Estados Unidos. Además se ha propuesto revisar el TLCAN para que beneficie a su país, en detrimento obvio de la economía mexicana.
Importa, por supuesto, rechazar el muro fronterizo, pero pedir que se respeten las inversiones estadunidenses en México y que se preserve el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México sólo provocará risas en el equipo que gobernará Estados Unidos, por lo menos los próximos cuatro años. Trump ha dicho que no le interesa el libre comercio, sino el comercio justo para ellos. Por eso los principios enunciados por Peña Nieto el martes pasado: respeto mutuo al estado de derecho, visión constructiva y propositiva, integración de Norteamérica y negociar integralmente, no servirán para defendernos de la política exterior que ha diseñado el gobierno de Trump. No respetarán los acuerdos en los que se ha basado el TLCAN, no les interesa construir una mejor relación con nosotros, mucho menos integrar América del Norte y, por supuesto, negociarán de la manera en la que obtengan resultados más rápido que les favorezcan y que puedan presumir ante sus electores.
El país requiere un enfoque distinto para afrontar un gobierno absolutamente adverso a México, que señala el fin del modelo neoliberal de organizacion de la economía global al que nos adhirió el gobierno priísta al desmantelar la estructura de protección comercial que permitió industrializar a México y luego al firmar el TLCAN hace más de 20 años. Requerimos un paquete de acciones inmediatas, que nos protegan de las primeras medidas del gobierno de Trump que reducirán drásticamente el ingreso de divisas al país, junto con medidas que actúen en el largo plazo a partir de un cambio en el rumbo que se impuso desde el salinato.
A partir de esta necesidad el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo ha propuesto a la discusión nacional el documento En defensa del interés nacional ante la coyuntura crítica ¿qué hacer? En éste se plantea la urgencia de generar una respuesta nacional a los ataques inminentes del gobierno estadunidense. Una respuesta posible, planteada en el documento, contiene un plan de contingencia y propuestas estratégicas en relación con el TLCAN. Entre las acciones de contingencia se propone combatir las violaciones de derechos humanos que se pudieran generar con las deportaciones masivas anunciadas, apoyando y dando asesoría jurídica gratuita a los afectados; trabajar coordinadamente con las partes interesadas de ambos países para mantener el flujo de inversión directa, difundiendo los perjuicios de las restricciones comerciales y de inversiones.
Además debe plantearse, coordinadamente con los gobiernos estatales de Estados Unidos amigos de Mexico y los gobiernos latinoamericanos afectados, medidas para administrar la repatriación promoviendo su inserción en el empleo y en el sector educativo. Para ello se requerirá reasignar el gasto gubernamental en obra pública con alto contenido de mano de obra. En términos estratégicos se plantea que es central difundir ampliamente la idea de que México no ha sido el ganador unilateral del TLCAN. Nuestro país ha pagado costos importantes social y económicamente. Es necesario denunciar que los impulsores de este tratado exageraron los beneficios del libre comercio y desdeñaron los costos sobre el empleo y la distribución del ingreso.
El reto es formidable: se trata de revertir la desestabilización de variables macroeconómicas claves, reduciendo el impacto de un choque externo de grandes dimensiones sobre el empleo y el bienestar de la población, al tiempo que se crean las bases de un nuevo modelo de desarrollo basado en una importante redistribución del ingreso, que ampliará el mercado interno convirtiéndolo, junto con la inversion, en los motores de una expansión duradera y sustentable.
