elitón Ortega, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa, declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) ha ocultado información clave sobre el caso de Iguala, que no entregó datos a los padres de las víctimas ni al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el uso de camiones de pasajeros para el tráfico de drogas, pese a que ya había antecedentes de ello
. Subrayó que las omisiones y los engaños
por parte de las autoridades han sido la constante
, (La Jornada, 24/1/17). En entrevista por separado, Alfredo Higuera Bernal, titular de la oficina de investigación del caso Iguala, dijo a La Jornada ese mismo día que no tendría elementos para afirmar si hubo algún ocultamiento (de información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes o a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa).
Dos versiones distintas. Una tercera opinión es la de David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con motivo de la presentación del libro de Carlos Beristain, ex miembro del GIEI, titulado El tiempo de Ayotzinapa. (Véase, 23/01/17). En esta página se pueden leer las apreciaciones de David, mi amigo, como lector del libro mencionado, como sacerdote jesuita, como rector de una universidad privada y prestigiada. Con el valor y la sensatez que lo han caracterizado desde joven, dijo: el de Ayotzinapa es un caso paradigmático porque permite comprender lo que ha pasado y está pasando en el país
. Pero fue más lejos y nos invita a reflexionar con toda seriedad sobre las implicaciones de este caso paradigmático, y tres componentes que nos deja el caso: 1. Hay una alianza en la que colaboran una parte del Estado y el crimen organizado. 2. Se da una actuación criminal conjunta entre los agentes del Estado y del crimen organizado. 3. No se realiza una investigación sobre ese crimen cometido por agentes del Estado y criminales organizados. No investigar quiere decir que, o se desvía la investigación o se fabrican culpables, se exculpabiliza (sic) a los agentes del Estado y se recarga sobre sólo los criminales. No hay por tanto una impartición de justicia, y entonces viene la impunidad, esa que se convierte en el mensaje que está por debajo de estos componentes.”
De aquí que enfatizara que el costo del desprestigio que ha pagado el gobierno mexicano por no investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (acontecida el 26 y 27 de septiembre de 2014), es menor al precio que tendría que pagar si se conoce la verdad de los hechos
.
¿Cuál sería ese costo? David Fernández lo dice o, si se prefiere, lo sugiere como para que sus lectores saquemos nuestras propias conclusiones: la alianza entre altos funcionarios públicos del Estado mexicano y el crimen organizado. Sólo esta hipótesis, sin necesidad de especulaciones, explica por qué a los encargados de la investigación sobre el caso de Ayotzinapa se les hizo bolas el engrudo y que, a la fecha, pese a las declaraciones de Higuera Bernal, sigan fluyendo verdades
parciales y a medias que, ciertamente, apuntan a la impunidad y al ocultamiento.
Después de leer tantos libros sobre el narcotráfico en México, algunos verdaderos documentos de investigación, y de ver películas y series de televisión sobre el tema, personalmente no tengo duda de que desde hace años (si no décadas) ha existido complicidad entre agentes del Estado
y criminales de altísimo nivel y muchísimo dinero (para ellos y para repartir). Desde el caso, comprobado, del general Gutiérrez Rebollo y del dinero que recibía de Amado Carrillo Fuentes (El señor de los cielos), hasta la fecha, ha habido registros de complicidades y de persecución de unos cárteles para beneficio de otros. Las fugas de El Chapo Guzmán serían otro ejemplo de dichas complicidades. Y si se sigue escarbando, se descubrirán más casos y aparecerán los presuntos implicados
hasta quién sabe qué nivel de gobierno. El caso de Ayotzinapa (de Iguala en realidad) reveló, muy a pesar de los primeros investigadores de 2014, el famoso autobús cargado de droga para distribuirse en Chicago, Estados Unidos. Fue el GIEI, si no recuerdo mal, el grupo de investigadores que resaltó las inconsistencias sobre dicho autobús y la importancia del trasiego de heroína producida en el estado de Guerrero, producción que no podía pasar desapercibida para los gobiernos municipal, estatal y federal.
El rector de la Ibero, a mi juicio, tiene razón al decir: el costo del desprestigio que ha pagado el gobierno mexicano por no investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (acontecida el 26 y 27 de septiembre de 2014), es menor al precio que tendría que pagar si se conoce la verdad de los hechos
. Esta verdad es la que queremos, por alto que sea el precio para los funcionarios públicos que tratan de ocultarla.
