La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá hoy la demanda por daño moral presentada por el líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia contra Javier Lozano Alarcón, senador con licencia del Partido Acción Nacional (PAN).

Gómez Urrutia impugna, mediante una demanda de amparo, la sentencia del 25 de septiembre de 2015 dictada en auto de apelación por el décimo tribunal colegiado del primer circuito, que consideró improcedente la denuncia por daño moral contra Lozano, con el argumento de que por ser persona pública el líder minero debe precisar en su demanda cómo se enteró de las manifestaciones que estimaba ilícitas y constitutivas del daño moral reclamado.

Además, tampoco aportó pruebas de la afectación a sus derechos, por lo que los ministros tendrán que definir si los argumentos presentados por el dirigente sindical para acreditar el daño moral son válidos o confirman la sentencia del tribunal colegiado.

Marco Antonio del Toro, abogado de Gómez Urrutia, destacó en entrevista la importancia del asunto, toda vez que la Corte debe fijar los límites para considerar daño moral en agravio de un sujeto público, pues sería terrible que cualquier persona pueda insultar o denostar a otra por el simple hecho de ser ésta un personaje público.

En abril de 2013 la segunda sala de la SCJN negó la razón a Gómez Urrutia, cuando éste denunció por vía administrativa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social –encabezada por Lozano en 2008– como parte de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

El líder minero argumentó que la autoridad ocasionó grave afectación a sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor y vida privada, así como a su reputación e imagen a escalas nacional e internacional, al difundir las razones por las cuales le negó la toma de nota como secretario general del sindicato en 2008.

La dependencia informó en aquel entonces que según los estatutos sindicales, Gómez Urrutia debía estar presente en la convención en la que fue elegido, pero el líder obrero, que entonces ya vivía en Canadá, no acudió. Tampoco era trabajador de planta con antigüedad de cinco años continuos antes de la fecha de la elección ni gozaba de todos sus derechos civiles, ya que enfrentaba órdenes de aprehensión y era prófugo de la justicia, además de que estaba acusado de malos manejos en el ejercicio de su función y, al vivir en otro país, estaba impedido para la defensa eficaz de los intereses de los trabajadores de su gremio.