Tras dos meses y medio en funciones, el magistrado José Luis Vargas Valdez, de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se declaró impedido para participar en la discusión y resolución de al menos cinco recursos, por haber sido abogado del ahora gobernador de Colima, el priísta José Ignacio Peralta.

Todos los expedientes están relacionados con los comicios efectuados en esa entidad en 2015, que luego fueron anuladas, ya que Vargas Valdez, en el libre ejercicio de su profesión de licenciado en derecho, figuró como autorizado para oír y recibir notificaciones de una de las partes, según los acuerdos tomados por la sala superior.

Por unanimidad, los otros seis magistrados de dicha instancia declararon procedentes las solicitudes de excusa presentadas por su colega, porque puede afectar la imparcialidad del juzgador, indican las copias de los incidentes.

Señalaron que los integrantes de dicha sala tienen la obligación de excusarse de intervenir en los asuntos que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos, o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones laborales.

En 2015, Vargas Valdez formó parte del equipo jurídico que contrató la coalición PRI-Nueva Alianza-Partido Verde-PT, y que interpuso el juicio de inconformidad JI-19/2015 contra el cómputo estatal final de la elección de gobernador.

En la copia de dicho recurso figura su nombre junto a los de los abogados Peter Bauer Melgenberg, Alejandro González Durán, Diego Suárez Beristain, Adrián Menchaca García, Adrian Alejandro Hernández García, como quienes podrían oír y recibir notificaciones.

Por esa razón, el 18 de enero Vargas Valdez tuvo que retirarse de la sala superior cuando los otros magistrados se disponían a discutir las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral a Peralta y la coalición, por haber repartido roscas de Reyes, cubetas y pelotas durante la campaña por la gubernatura.

Al final, cuatro magistrados quitaron una multa de 36 mil 250 pesos impuesta al gobernador y casi 33 mil pesos a cada uno de los partidos de la alianza.

Otro asunto está relacionado con la remoción de la ex consejera presidenta del Organismo Público Electoral de Colima Felícitas Valladares, debido a que dio datos erróneos de los resultados electorales registrados en aquellas elecciones, en las que Peralta compitió contra el panista Jorge Luis Preciado.