La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sumaron a las manifestaciones en repudio al asesinato del ambientalista Isidro Baldenegro López.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones recordaron que el activista indígena defendía los derechos del pueblo rarámuri en contra de la tala ilegal de árboles, labor por la cual recibió el Premio Medioambiental Goldman en 2005.

De acuerdo con la información disponible, el pasado 15 de enero Baldenegro fue asesinado en la comunidad de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, por un hombre armado que le disparó cinco veces enfrente de su familia.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado, afirmó que este asesinato es una alerta más sobre la situación de extrema vulnerabilidad que viven las defensoras y los defensores de derechos humanos que en la Sierra Tarahumara buscan preservar la tierra y el territorio en zonas remotas con alta presencia de crimen organizado.

Las dos instituciones llamaron tanto a las autoridades federales como a las estatales a proteger a otros activistas de esa región del país, al tiempo que la oficina de la Unión Europea en México solicitó al gobierno del país a hacer todo lo necesario para no dejar el caso en la impunidad.

En un escenario de por sí adverso para los activistas de organizaciones civiles, quienes protegen el derecho de las comunidades a disfrutar de su territorio y recursos naturales enfrentan un panorama todavía más complejo.

Los defensores comunitarios que se oponen a megaproyectos son especialmente vulnerables, y más aún si son mujeres e indígenas. Son víctimas de amenazas, hostigamiento y procesos de descalificación ante la comunidad al mencionarlos como alborotadores u opositores al desarrollo, subrayó en entrevista Elena Villaseñor, integrante de la organización ProDesc.Según estudios de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, refirió, entre 2012 y 2014 en México hubo 616 agresiones contra activistas, 230 de las cuales se dedicaban a la defensa de la tierra y el territorio.

Los ataques no sólo provienen de grupos del crimen organizado o de funcionarios, sino también de empresas trasnacionales que ven amenazados sus intereses, y que actúan en complicidad con el gobierno en un fenómeno de captura del Estado.

En México, subrayó Villaseñor, uno de los casos emblemáticos de ello es el de la comunidad de La Sierrita, en Durango, cuyos habitantes han sido blanco de hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias desde 2007 por defender su tierra de la empresa minera canadiense Excellon Resources.

De igual forma, en la región del Istmo de Tehuantepec diversas empresas españolas de energía eólica se han hecho de tierras comunales sin informar a los habitantes del lugar y realizando consultas que no cumplen con los requisitos internacionales.