El plan federal antidelito, actualmente sin presupuesto para apoyar en esta materia a estados y municipios (vía subsidios), incluye la mediación en las familias y las comunidades con problemas. Esta alternativa de prevención de la violencia y la delincuencia se sustentó en diagnósticos específicos, derivados de una encuesta inédita cuya realización costó al erario 80 millones de pesos.

Sin embargo, la operación de diversos programas se encuentran en riesgo o parados, a la expectativa de sobrevivencia mediante eventuales soportes de la iniciativa privada o de organismos civiles o académicos, indicaron fuentes gubernamentales consultadas.

Así ocurre, por ejemplo, con actividades deportivas, culturales, sicosociales y, en particular, el diseño y aplicación de protocolos específicos de intervención y mediación para atender situaciones críticas, como lo ocurrido el miércoles en Monterrey, cuando un joven de 15 años atacó con arma de fuego a sus compañeros del salón de clases y luego se suicidó.

Si bien algunas dependencias federales y locales tienen programas en la materia, la puesta en marcha y continuidad del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia está ahora también sujeta al criterio de alcaldes y gobernadores. El programa tuvo en 2015 un presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos; un año después, 2 mil millones, y para 2017, cero recursos para repartir a estados y municipios.

Desde agosto de 2015, el gobierno federal tuvo en sus manos el resultado de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred 2014), la cual mostró los factores de riesgo de los adolescentes y adultos jóvenes, de entre 12 y 29 años de edad.

La consulta fue diseñada por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; se aplicó en casi 80 mil viviendas ubicadas en 47 ciudades del país.

Ese estudio mostró que 32.2 por ciento de los jóvenes (de 12 a 18 años) ha sido víctima de acoso escolar; casi tres cuartas partes de ellos tienen amigos involucrados en factores de riesgo: 4.2 por ciento ha tenido armas (aunque hay estados como Guanajuato, Aguascalientes y Durango con índices mucho más altos); 6.8 por ciento ha sido arrestado y un poco más se han unido a pandillas violentas, mientras que 61.6 por ciento manifestó tener amigos con problemas en sus casas, y 40 por ciento dejó de estudiar o trabajar.