Natal, Brasil.

La policía brasileña ingresó este miércoles al presidio de Natal, al nordeste, donde 26 detenidos fueron asesinados el fin de semana en un enfrentamiento entre bandas, y trasladó a parte de sus presos para evitar una nueva matanza ante un clima de alta tensión.

La guerra entre facciones por el control del tráfico de drogas sumergió al sistema penitenciario de Brasil en una serie de carnicerías, rebeliones y fugas que dejó 134 muertos sólo en los primeros quince días de 2017, según datos oficiales.

Y la cárcel Alcaçuz de Natal, la mayor del estado de Río Grande do Norte (RN), fue el escenario del último gran motín. Aunque las autoridades lo dieron por controlado la mañana del domingo, los dos grupos criminales enfrentados se mantenían atrincherados desde hace más de 24 horas detrás de improvisadas barricadas, algunos armados con machetes, amagando con volver a chocar.

La policía de élite ya tuvo que intervenir el martes lanzando balas de goma desde el muro perimetral para evitar una nueva matanza y este miércoles, escoltados por un vehículo blindado, los agentes entraron al centro y sacaron en autobuses a 220 internos del grupo Sindicato del Crimen RN.

Este grupo criminal, al que pertenecerían la mayoría de los 26 muertos del motín, había tratado de atacar el pabellón donde están confinados los miembros del rival Primer Comando Capital (PCC) como revancha a la matanza de sus compañeros, muchos decapitados y quemados.

Brasil, con 622 mil presos en 2 mil 766 unidades, tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo, según datos oficiales.

Congresistas demócratas defienden a Lula

Doce 12 representantes del Partido Demócrata de Estados Unidos divulgaron una carta pública en la que critican la persecución a la que es sometido el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) por parte del juez de la operación Lavado Rápido, Sergio Moro.

La carta está dirigida al embajador de Brasil en Washington, Sergio Amaral, y pide a las autoridades brasileñas que protejan los derechos de los manifestantes, líderes de movimientos sociales y líderes de la oposición, como Lula.

Estamos especialmente preocupados con la persecución al ex presidente Lula da Silva, que viola las normas de tratados internacionales que garantizan el derecho a la defensa para todos los individuos, dicen los congresistas.

Citan explícitamente al juez Moro, del que critican sus acciones parciales y arbitrarias y ponen como ejemplo la detención momentánea de Lula en marzo de 2016 para obligarlo a declarar.

Sólo servía de intimidación, ya que no había indicios de que el ex presidente no quisiera declarar ante la justicia, lamentan.

En los últimos meses ha sido objeto de una campaña de calumnias y acusaciones no comprobadas de corrupción por los grandes medios de comunicación privados alineados con las élites del país, advierten los parlamentarios.

También aprovechan para criticar al presidente Michel Temer, por proteger a figuras políticas corruptas y por imponer unas políticas que nunca hubieran sido apoyadas en las elecciones.

La misiva, suscrita por el representante John Conyers, también tiene el respaldo de asociaciones y sindicatos estadunidenses, como el AFL-CIO, uno de los más importantes, con más de 12 millones de afiliados.

Lula responde ante varios procesos por sospechas de corrupción en el marco de la operación Lavado Rápido, pero por el momento no hay ninguna condena en firme y el ex presidente ya ha manifestado su voluntad de presentarse como candidato del Partido de los Trabajadores a las elecciones de 2018.