Mil 500 unidades asignadas a servidores públicos dejarán de circular del primero de febrero al 31 de diciembre de 2017, con lo que el Gobierno de la Ciudad de México busca tener un ahorro en el consumo de combustible, cuya asignación además se redujo 20 por ciento en comparación con 2016, y disminuir la emisión de contaminantes al aire.

Lo anterior forma parte de las cinco medidas de austeridad que la semana pasada anunció el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para mitigar el impacto del aumento en el precio de los combustibles, cuyos lineamientos fueron publicados ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Asimismo, se prevé que en el transcurso de este jueves los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial den a conocer de manera conjunta las medidas de austeridad que implementarán, señaló Mancera Espinosa.

Con relación al acuerdo que se trabaja con los empresarios, se limitó a decir que se está avanzando; la verdad es que hemos encontrado una respuesta positiva, y pidió esperar a tener algo concreto.

En tanto, la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales Magdaleno, y el dirigente estatal de ese instituto político en la ciudad, el diputado Raúl Flores García, interpusieron amparos a título personal contra el incremento en el costo de las gasolinas y llamaron a los capitalinos a sumarse a esta batalla jurídica, con lo que esperan, en tanto se resuelven los recursos para revertir el gasolinazo, frenar la pretensión del gobierno federal de aplicar otro en febrero.

Al respecto, Mancera Espinosa aclaró que presentará en lo personal un recurso en contra de los diferentes precios de la gasolina que hay en esta ciudad, para evitar que se considere como una acción de oportunismo.

Indicó que el recurso que presentó el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, el lunes pasado, es el amparo del Gobierno de la Ciudad de México, pero se determinó que fueran amparos reiterados, es decir, interpuestos por distintas personas, porque de ser admitidos pueden dar pie a una resolución general y no proteger sólo a las personas que los promueven.