El activista mexicano Gustavo Castro, testigo del homicidio de la líder ambientalista Berta Cáceres, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en contra del Estado de Honduras, por haberlo retenido inconstitucionalmente luego del homicidio ocurrido el 3 de marzo de 2016, en cuya acción resultó herido.

Castro y sus abogados en México y Honduras, Miguel Ángel de los Santos y Edy Tábora, informaron que la denuncia fue presentada en diciembre pasado, además de que hace unos días se interpuso una denuncia penal contra la juez Victorina Flores por el delito de abuso de autoridad.

Castro es el único testigo del asesinato, pues se hospedaba en casa de la ambientalista, ubicada en la ciudad hondureña de La Esperanza, pero a más de diez meses del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio contra él mismo, el Ministerio Público no ha comunicado ninguna acusación contra la persona que le disparó.

Castro, integrante de la organización Otros Mundos, intentó salir de Honduras un día después del homicidio, pero autoridades migratorias pretendieron detenerlo en el aeropuerto de Tegucigalpa; sólo la oportuna intervención de la embajada de México en ese país lo impidió, logrando su traslado a la sede diplomática, donde fue sometido a interrogatorios durante varias semanas. Fue hasta el primero de abril cuando pudo regresar a México.

En conferencia de prensa, realizada en la sede de Amnistía Internacional México, se informó que las investigaciones para esclarecer los hechos han dado por resultado la detención de siete personas, pero aún se desconoce si las indagatorias contribuirán a determinar la autoría intelectual de funcionarios públicos y miembros del Consejo de Administración de la Empresa Desarrollos Energéticos (DESA), a quienes Berta Cáceres enfrentaba para impedir la construcción de una represa, en defensa de pueblos originarios de Honduras.

El expediente sigue bajo secretividad, dejando en la indefensión a los dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y a la familia de Berta Cáceres, denunciaron Castro y sus abogados.