oncebida como un proyecto de campaña electoral de Miguel Ángel Mancera, la Constitución de la Ciudad de México no despertó emociones o adhesiones populares. Muy pocos la habían pedido; tampoco el cambio de nombre de lo hasta entonces siempre llamado Distrito Federal. En realidad, los capitalinos tenían y tienen muchos otros asuntos graves, urgentes, impostergables, que hubieran requerido la dedicación política cedida a la obra histórica del mancerismo.

En la confección del trayecto a seguir participaron políticos de élite, bajo la tutoría del jefe del Gobierno capitalino y sus principales operadores. La elección de los diputados constituyentes dio muestra clara del alejamiento ciudadano, pues concurrió menos de 29 por ciento de quienes tenían derecho a votar. La composición de la asamblea constituyente era, además, claramente confirmatoria de ese carácter cupular y no popular: los partidos y las instituciones se repartieron las curules: 60, electos por voto directo, pero a partir de listas de representación proporcional que reflejaban los grupos e intereses de cada partido, y 40 por designación a dedo: 14 por parte del Senado, 14 de la Cámara de Diputados, seis de la Presidencia de la República y seis de la jefatura del Gobierno capitalino.

A dos semanas de cerrar sus trabajos, pues así fue el mandato en términos temporales, la asamblea constituyente ha podido aprobar valiosos artículos que se incorporarán a los vastos anaqueles de la letra legal de la nación, brillante, avanzada y generosa, pero incumplible en términos generales. Derechos y garantías que son estipulados pero que, en la práctica, probablemente no pasarán de ahí, como sucede con otras normas esplendentes que constan en el articulado de la Constitución federal, que el mes entrante cumplirá 100 años de su promulgación, pero también de una constante violación. Corre el riesgo esa asamblea constituyente de no terminar en tiempo su encargo. Hay voces que plantean una prórroga, para no votar temas sobre las rodillas. Otras voces se empeñan en que se cumplan los plazos originales. A fin de cuentas, dicha Constitución estará a tiempo para que el mancerismo la ondee como logro de gobierno, justo en el año en que la necesita.

No se han definido las candidaturas de los principales partidos del estado de México. El PRI se debate en circunstancias similares a las de seis años atrás, cuando Enrique Peña Nieto, gobernador saliente, tuvo que declinar sus propuestas personales para permitir que el abanderado fuera Eruviel Ávila, un presidente municipal que, de otra manera, podría haberse pasado a la oposición y poner en aprietos al precandidato presidencial en su propia tierra.

Ahora, Peña Nieto pretende instalar a alguno de sus preferidos, entre ellos algunos que tienen relación familiar con él, como los diputados federales Alfredo del Mazo Maza y Carolina Monroy del Mazo (casada con Ernesto Nemer, procurador federal del consumidor, quien también se apunta a la lista de aspirantes). Pero, de nuevo, el eruvielismo busca colocar una carta distinta, tal vez Carlos Iriarte, diputado federal y presidente estatal del PRI, o Ana Lilia Herrera, senadora con licencia y actual secretaria estatal de Educación (a la que le han sostenido una larga campaña de impugnación en redes sociales, mediante bots, acusándola de irregularidades en su titulación profesional).

Contra la pretensión hegemónica del PRI, desde hace meses Morena designó extraoficialmente como su candidata (se le asignó el título de promotora de la soberanía nacional a nivel estatal) a la diputada federal Delfina Gómez, ex presidenta de Texcoco y parte del grupo regional, antes perredista, dirigido por Higinio Martínez. Pero la contienda más interesante está en el campo del PRD y el PAN, pues se ha pretendido postular a Alejandro Encinas como candidato de una alianza que, aseguran los promotores, impediría la continuidad priísta. Fluctuante en sus relaciones con el PRD y con Morena (a veces cerca, a veces lejos), Encinas mantiene una postura pública de no involucramiento en los procesos partidistas que lo postularían, pero sin negar esta posibilidad.

En Quintana Roo se ha ido dosificando la información respecto al tiroteo en un centro nocturno de Playa del Carmen, que dejó cinco muertos y 15 heridos. La administración del peñista Carlos Joaquín González (llegado a la gubernatura a nombre de una aparente coalición opositora al PRI) busca atenuar el impacto negativo que tales hechos significan para el turismo, sobre todo el internacional, fuente económica fundamental de la entidad. En particular, se ha tratado de impedir el conocimiento exacto de las nacionalidades y las ocupaciones de los fallecidos, atribuyendo todo a un ataque directo contra un asistente al club Blue Parrot y a un fuego cruzado que habría causado bajas entre personal de seguridad privada.

El gobernador Joaquín González pretende hacer como si no hubiera un claro imperio de grupos del crimen organizado en la entidad, sobre todo en los principales sitios turísticos. En muchos lugares existe el cobro de derecho de piso a negocios, cuyo incumplimiento provoca ataques de venganza. Una gran variedad de rubros son los que controlan esos grupos criminales en Quintana Roo. No de ahora, pero también ahora, aunque el nuevo mandatario sea de oposición.

El auditor superior del estado de Oaxaca, Carlos Altamirano Toledo, está en riesgo de ser botado del cargo para que quede alguien cercano a los intereses del gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Electo para un periodo que debería estar a salvo de los vaivenes sexenales, dicho auditor sería cambiado mediante una treta elemental: la denominación actual se cambiaría por Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. La iniciativa para realizar tal cambio, y proceder a elegir nuevo auditor, en un proceso en el que podría participar el actual, fue presentada por la diputada local calderonista Eufrosina Cruz, con garantía de apoyo de la bancada priísta. ¡Hasta mañana!

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