San Miguel de Allende, Gto.

Tres niños, de cuatro, ocho y 11 años, fueron asesinados durante una operación de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) para capturar a hombres armados que supuestamente se alojaban en una finca de este municipio.

El titular de la PGJE, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que la madrugada del sábado anterior, en la comunidad Ampliación de Cieneguita, un grupo de pistoleros recibió a balazos a policías municipales, quienes con apoyo de agentes de la procuraduría y de la SSPE acudieron a la finca, arrestaron al velador Antonio Luna, y encontraron sin vida a tres menores.

El velador asesinó a sus hijos, según los peritajes de balística y la declaración de la esposa, afirmó el fiscal.

Sin embargo, Juana Luna, esposa del velador y madre de los niños muertos, declaró: Estábamos dormidos cuando escuché un carro y muchos gritos. Mi esposo se levantó rápido y hubo muchos disparos. No sabíamos qué hacer.

Agregó que su marido le pidió a la policía reportar que había una balacera fuera de la finca que cuidaba y tomó un arma, con la que hizo algunos disparos.

Cuando los agentes de la PGJE y la SSPE entraron a la propiedad dijeron que nos iban a matar, que nos iba a cargar la chingada. ¡Estábamos muy asustados!, expresó la mujer.

Agregó que los policías lanzaron gas lacrimógeno y comenzaron otra vez a disparar. Después le quitaron la pistola a mi esposo. A mí me jalaron, me voltearon y escuché disparos.

Luego –continuó– los uniformados le dieron un arma a su esposo: “¡Ten, cabrón, agárrala, deténla!’, le dijeron a mi esposo. Él agarró la pistola y un policía con guantes se la volvió a quitar”, contó Juana Luna. A ella la encañonaron y le preguntaron cuántos eran y dónde estaban.

–Te va a cargar la chingada –la habrían amenazado.

–¡Si me van a matar, ya mátenme! –dijo haber respondido.

“Suplicaba ver a mis hijos, pero ellos me preguntaron quién había matado a los niños. Les dije que ellos estaban vivos y los policías respondieron: ‘los mató tu esposo, tú dijiste que fue tu esposo”’, aseveró.

Juana Luna narró lo anterior ante el agente del Ministerio Público (MP), pero no tomaron en cuenta su declaración. Yo les repetí que faltaba información y me dijeron que eso no importaba porque los peritos ya lo tenían anotado, indicó.

El MP sostuvo que el vigilante ya había confesado que él mató a los niños. Ella respondió que lo único que hizo fue protegernos.

Zamarripa Aguirre señaló que para acabar con dudas y retóricas, los periodistas podían acudir a la audiencia de imputación ante el juez de control, pero el Poder Judicial no permitió el acceso a los medios de comunicación.

El procurador aseguró además que la mujer admitió que en la finca se alojaban hombres armados que habían llegado hace apenas unos días.

Indicó que el velador se reservó su derecho a declarar y que la PGJE no ha detectado faltas o negligencia en el informe de los policías ministeriales que participaron en la operación.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) inició la investigación 04/17-D por la muerte de los niños y expresó su compromiso pleno de llegar a las últimas consecuencias y deslindar responsabilidades.

Ayer se realizó la misa de cuerpo presente de los tres menores, a la cual acudieron cerca de mil personas, entre familiares, amigos y pobladores. En el trayecto al panteón, pasaron frente al Centro de Readaptación Social de San Miguel de Allende, donde exigieron la liberación del padre de los niños asesinados.

A falta de resultados, proliferan fideicomisos

Carlos García Corresponsal

León, Gto.

El año pasado fue uno de los más violentos en la historia reciente del estado de Guanajuato, donde se perpetraron al menos 880 homicidios dolosos, 625 de ellos con arma de fuego, principalmente en la ciudad de León.

La mayoría de los crímenes fueron perpetrados de día, en vialidades principales, centros comerciales y otras zonas de gran afluencia de personas. Antes las víctimas eran secuestradas y ultimadas en sitios despoblados. También hubo decapitaciones –hasta entonces inéditas en la entidad–, y varios policías fueron asesinados.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2012 y 2016 los asesinatos con arma de fuego en Guanajuato aumentaron 122 por ciento. En 2012 se cometieron 771 homicidios dolosos, 281 con armas de fuego; en 2013, 641 y 403, respectivamente, en 2014, 709 y 429; en 2015, 879 y 607, y de enero a noviembre de 2016, 880 y 625.

Formas de violencia hasta hace poco inusuales en el estado, durante 2016 se volvieron frecuentes. En abril, junio y diciembre fueron abandonadas tres cabezas humanas en la colonia Obrera, en la Calzada de los Héroes y en la colonia Villas de Santa Julia, respectivamente.

Los homicidios aumentaron en los municipios de León, Pénjamo, Irapuato, Salamanca, San Francisco del Rincón y Celaya. En respuesta, la Federación envió a esas demarcaciones 300 elementos de la Policía Federal y 50 de la Gendarmería en agosto pasado.

Disputas territoriales y laboratorios de drogas

El incremento de los asesinatos se relaciona con la disputa de territorio entre grupos de la delincuencia organizada, entre otros factores, consideraron la antropóloga Jesica Vega Zayas y el sicólogo Jacobo Herrera, especialistas en seguridad.

Guanajuato colinda con entidades donde operan grupos delictivos importantes, como La familia michoacana, Los caballeros templarios y el cártel Jalisco nueva generación, comentó Herrera. Además, ahora se producen en el estado drogas sintéticas, lo que hace más encarnizada la lucha, subrayó.

En los códigos de antes había discreción, respeto a la población. Hoy día, no. Además de eliminar al enemigo, mandan un mensaje de intimidación a la población y a las autoridades, sostuvo el catedrático de la Universidad de Guanajuato.

Ambos analistas coinciden en que los criminales operan libremente debido a la poca fuerza policiaca en varios municipios, incluido León, que tiene menos agentes que ciudades de menor población, como la capital de Aguascalientes, donde hay 3 mil policías para un millón de habitantes. En León trabajan mil 500 oficiales para más de un millón 700 mil habitantes.

En León incluso hay acciones antitácticas, como realizar patrullajes con un solo policía. Los manuales señalan que para controlar a una persona alterada se requieren al menos dos. Un policía solo no inhibe un delito; incluso puede prestarse para la burla, argumentó Jacobo Herrera.

En diciembre de 2012, la administración estatal, que encabeza el panista Miguel Márquez Márquez, asignó directamente a la empresa Seguritech un contrato de 2 mil 727 millones de pesos para que aplique el programa de seguridad Escudo.

La compañía instaló más de 2 mil 500 cámaras, 92 arcos carreteros y 368 lectores de identificación de radiofrecuencia. El cerebro de Escudo es el Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia.

Es un proyecto único en la República y emblema del gobernador Miguel Márquez, con beneficios a corto plazo, afirmó el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, cuando fue asignado el millonario contrato.

Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por falta de resultados, que se reflejan en más homicidios, robos a comercios, automóviles, transeúntes y a casas habitación, entre otros delitos.

Ante el incremento de la criminalidad, el gobierno estatal anunció el programa Guanajuato unido por la seguridad. La nueva estrategia prevé la creación de fideicomisos millonarios en los municipios de León, Irapuato y Celaya, el aumento al salario de policías y la aplicación de programas sociales y educativos. El estado aportará 50 millones de pesos para el fondo de seguridad en León, 25 al de Irapuato y 25 al de Celaya.

El secretario de Gobierno, Salvador García López, anunció que los ayuntamientos, empresarios y la sociedad civil aportarán recursos a los fideicomisos, que serán operados por comités técnicos integrados por funcionarios del estado y municipios, representantes del sector privado y ciudadanos.

Los comités técnicos determinarán en qué invertir los recursos y el dinero será pagado directamente a los proveedores que entreguen equipo o presten servicios de seguridad y prevención, acotó el funcionario.

A la par, mil soldados coadyuvan en la vigilancia en territorio estatal. En la comunidad Albarradones, en León, se construirá un cuartel militar donde operarán permanentemente 800 elementos de la Policía Militar.