Frente a las difíciles condiciones económicas que enfrenta el país, derivadas del incremento en el precio de los combustibles y otros factores de orden coyuntural, el Poder Judicial en su conjunto (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) determinó adoptar medidas de austeridad para alcanzar un ahorro hasta de mil 900 millones de pesos.

Como parte de las diversas acciones que se aplicarán en su gasto destaca el diferimiento de las inversiones en obra pública relacionadas con proyectos no prioritarios. De igual forma, se adoptarán medidas de racionalización en el ejercicio de viáticos y pasajes para el personal del Poder Judicial.

Sin embargo, uno de los rubros donde hay mayores cuestionamientos al Poder Judicial, los salarios, no se encuentra como parte de las medidas de austeridad previstas, a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció que él y su gabinete reducirían 10 por ciento sus percepciones como parte del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Ecomomía Familiar.

Cabe señalar que nadie en el sector público percibe más que los ministros de la Corte o los magistrados del TEPJF, ni siquiera el Presidente de la República. Para 2017, cada uno de ellos tendrá un ingreso anual de 6.7 millones de pesos.

Por otro lado, cuentan con un conjunto de prestaciones inigualables, que incluyen seguro de vida hasta de 40 meses de percepción ordinaria, con posibilidad de potencializarlo a cargo del funcionario; seguro de gastos médicos mayores por 740 salarios mínimos, y seguro de separación individualizado, en el que el gobierno aportaba hasta 10 por ciento del sueldo del funcionario, además de hasta dos vehículos, telefonía celular y gastos de alimentación (sin límite establecido)

Al dar a conocer la disposición, el PJF precisó que ‘‘las medidas de austeridad que habrán de instrumentarse este año garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia mediante la creación indispensable de centros federales de justicia penal, juzgados y tribunales’’.

Otros rubros en los que el Poder Judicial Federal pretende ajustar su gasto es la racionalización de la adquisición de bienes muebles e inmuebles y un uso más austero del gasto ceremonial y de difusión. Asimismo, las vacantes temporales en plazas jurisdiccionales que se generen en el transcurso del año no serán ocupadas durante 2017.

De igual forma, tampoco se utilizarán los ingresos excedentes que obtenga el Poder Judicial, en cuyo caso se determinó que se devolverán los recursos al erario.