El incremento en los precios de alimentos, transporte público y servicios, causado por el gasolinazo, hará que los sectores más empobrecidos tengan más dificultades para acceder a condiciones de vida dignas, lo cual también puede considerarse como una violación de sus derechos humanos más elementales, advirtieron organizaciones civiles.

Alejandra Ancheita, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirmó que para entender las implicaciones del aumento en los combustibles, primero se debe tomar en cuenta que en México el salario mínimo ha perdido 81 por ciento de su poder adquisitivo en los pasados 30 años.

De igual forma, 56 por ciento de la población económicamente activa labora en la informalidad y 46 por ciento de los mexicanos viven en condiciones de pobreza, de los cuales 9.5 por ciento está en pobreza extrema.

“Este es el contexto del gasolinazo, y si la situación es de por sí mala, se está volviendo insostenible para una gran cantidad de personas que ya no buscan una vida digna, sino nada más la sobrevivencia. Todo ello implica violaciones al derecho al empleo, a la educación, a la salud, a una vivienda digna y, por supuesto, a la alimentación”, subrayó la activista.

Pese a la gran importancia de estos factores, “el aumento tan exacerbado de la violencia en el país, con la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones, llama la atención de la mayoría de las personas, lo cual hace menos visible la violación de estos derechos económicos, que no son vistos como tales por muchos estados, sino únicamente como ‘aspiraciones sociales’”.

Ben Cokelet, director ejecutivo de la organización civil Poder, coincidió en que el aumento en el precio de las gasolinas viola los derechos humanos de toda la población, pero sobre todo los de los sectores más precarizados, en la medida en que obstaculiza su capacidad de trabajar y de obtener los satisfactores básicos.

Entre todas las afectaciones, el especialista consideró que una de las más graves es la que se refiere al derecho de las comunidades a proteger sus recursos naturales, ya que el gobierno puede tomar como pretexto el alza de las gasolinas para obligar a muchos pueblos a ceder sus tierras con tal de acceder a los combustibles a un precio menos alto.

Con el argumento del alza, podrían decirle a las comunidades indígenas o rurales más apartadas que si quieren tener costos más económicos, permitan la entrada de gasoductos en su territorio, y esa sería otra manera de empobrecer y alienar a los pueblos que están en pie de lucha contra la reforma energética, consideró.

En este contexto, Antonio Vital Galicia, de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, afirmó que debido al incremento en el precio de la gasolina se dejó de contratar personal para el Seguro Popular en la Ciudad de México, Veracruz, Guerrero y Jalisco.

En entrevista, subrayó que aunque las autoridades justificaron el gasolinazo con la permanencia de dicho programa social, a final cuentas éste ya resultó afectado.

La primera semana de enero a miles de trabajadores del Seguro Popular se les debía renovar el contrato, pero no fue así, aseveró Vital. En Guerrero, unos 2 mil empleados se beneficiarían de un movimiento de escalafón y por fin les darían una plaza. Y no sólo no se las dieron, sino que además no los recontrataron, aseveró.

En Veracruz hay otros 300 afectados, y aunque no tenemos la cifra exacta, en la Ciudad de México y Jalisco, ocurre lo mismo. En algunas localidades suspendieron el pago de una prestación económica integrada al salario, indicó.

Asimismo, denunció que la caída del peso frente al dólar está repercutiendo en el costo de los insumos médicos, pues muchos de ellos se importan y su valor está tasado en la moneda estadunidense que esta semana rebasó los 22 pesos.

Además, debido a la crisis económica, los recursos para pagar las pensiones se verán afectados. Desde hace seis años, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha realizado la actualización anual y a un millón de jubilados les debe retribuciones de 150 pesos mensuales.

Por ello, Vital anunció el surgimiento de la Asamblea de la Indignación, integrada por trabajadores activos y jubilados, así como por estudiantes. Esta semana sus miembros acudirán a hospitales y universidades para informar sobre los efectos del gasolinazo, y el próximo martes 31 se unirán a la jornada nacional de protesta.