Con la abierta oposición de los diputados de PRI, PAN y los designados por el Ejecutivo federal a otorgar a los habitantes de la capital el derecho a un ingreso básico universal, la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática de la Asamblea Constituyente no llegó a un acuerdo sobre dicho precepto y lo turnó a la mesa de consulta, integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, para que elabore una nueva propuesta de redacción.

El tema, previsto en el artículo 22 del apartado Política social del proyecto de constitución local, quedó pendiente también en la discusión de Carta de derechos, donde los diputados opositores perdieron la votación para suprimirlo del capítulo Derecho a una vida digna, artículo 14, Ciudad Solidaria, pero lograron devolver la propuesta a la dictaminadora.

Los diputados designados Claudia Pastor y Fernando Lerdo de Tejada, así como la legisladora del PRI María Fernanda Bayado y el panista nombrado por el Senado Ernesto Cordero ratificaron su postura en contra del precepto. Al no estar resuelto aún el dictamen de Carta de derechos, el presidente de la comisión, Enrique Provencio, del PRD, propuso mandar el punto a la mesa de consulta.

En la reunión que sostuvieron ayer los diputados de la comisión para revisar más de 70 reservas planteadas a los artículos 22, 23, 24 y 25, antes de su discusión en el pleno el próximo lunes, se aprobó incluir una propuesta del diputado Andrés Millán, de Encuentro Social, para prohibir a autoridades de la ciudad, partidos políticos y organizaciones el uso de las políticas y programas sociales con fines lucrativos y partidistas.

En la discusión del apartado De la política económica tampoco se logró un acuerdo para que la ciudad cuente con una banca de desarrollo e infraestructura con el fin de financiar obra pública, empresas sociales, culturales y de innovación, vivienda y proyectos productivos de diversos sectores.

Cordero advirtió que de crear una banca de desarrollo del gobierno de la ciudad, no sólo acabaría defraudando a sus cuentahabientes, sino en un rescate como el Fobaproa, a lo que la diputada de Morena Margarita Valdéz recordó que ese fondo no salvó a banquitos ni a cooperativas, sino a grandes instituciones crediticias como Banamex, en tanto que Ifigenia Martínez, del PRD, resaltó la capacidad financiera de la ciudad para intervenir en ese ámbito.

Limitan concesiones de transporte público

Tras enfrascarse el pleno de la Asamblea Constituyente en una discusión de procedimiento, que se prolongó más de dos horas, la mesa directiva dio por aprobado en la madrugada de ayer, en lo general y particular, el dictamen del artículo 21 del proyecto de constitución local, el cual señala que corresponde al gobierno de la ciudad regular los cambios de uso de suelo con la participación del Congreso local en casos de alto impacto.

Tras la revisión a que fue sometido el dictamen, discutido en el pleno con la depuración de las reservas, se adicionó al texto constitucional que serán motivo de sanciones penales el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones que violen las leyes o programas de ordenamiento territorial, así como destinar en forma dolosa un inmueble con un uso distinto al permitido.

La discusión del artículo se desahogó en la medianoche del sábado. Antes de que el presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, hiciera la declaratoria correspondiente, la pretensión del diputado del PAN Roberto Gil de revivir las reservas que no le fueron aprobadas en la revisión del órgano dictaminador generó un debate que llevó a concluir la sesión alrededor de las tres horas de ayer, lo que impidió someter a votación en lo general el artículo 22, antes de declarar un nuevo receso, como había ocurrido en días previos.

El artículo, que contiene la prohibición de privatizar los servicios de agua potable y drenaje, así como la recolección de basura, tiene pendiente, en el apartado de regulación del suelo, definir si las acciones de compensación y mitigación de los desarrollos inmobiliarios se aplicarán exclusivamente en la zona en las que se realizan las obras o si se trasladarán a áreas de alta marginación.

Dentro del rubro de Movilidad y accesibilidad, se definió que las autorizaciones o concesiones para el transporte público colectivo podrán otorgarse sólo a empresas sociales y particulares, pero dejando a salvo el derecho de quienes obtuvieron títulos para la prestación del servicio con anterioridad a la entrada en vigor de la constitución local.