Caracas.

La contraloría general de Venezuela concluyó este viernes que el ex candidato presidencial Henrique Capriles tuvo responsabilidad en el manejo irregular de fondos públicos en la gobernación del estado de Miranda, lo cual allana el camino para una eventual inhabilitación que dejaría a la oposición sin una de sus principales figuras.

Indicó que Capriles y otros ocho funcionarios tuvieron responsabilidad administrativa durante la investigación de seis casos que incluyen una reconducción del presupuesto de 2011, el uso de donaciones de Polonia y Gran Bretaña y un contrato de servicios funerarios para los empleados de la gobernación, entre otros. Los nueve, a quienes se impuso una multa por unos 63 dólares, podrán apelar de la decisión.

Capriles aseveró que ninguna de las acusaciones implicó un daño patrimonial al Estado, y acusó a la contraloría general de buscar una inhabilitación política.

El gobernador opositor fue uno de los principales promotores del proceso de referendo revocatorio del mandato de Maduro, que fue suspendido en octubre pasado por autoridades judiciales y electorales.

El contralor general, Manuel Galindo, dijo a la televisora estatal que, según la investigación, existe responsabilidad de los involucrados. Añadió que cuando se tome una decisión definitiva será anunciada públicamente.

En tanto, este viernes comenzó el ensayo Ejercicio de acción integral antimperialista Zamora 200. El ministro general de Defensa, Vladimir Padrino López, indicó que el operativo fue ordenado en diciembre pasado por el presidente Nicolás Maduro, tras indicar que el país es objeto de una guerra no convencional.

El despliegue se extenderá a todo el territorio venezolano con los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Milicia Nacional Bolivariana y organizaciones sociales, entre ellas 29 mil comités locales de Abastecimiento y Producción.

La fuerza armada está ampliamente capacitada y equipada para ganar el conflicto antes de ir a un estadio superior del mismo, señaló el ministro en referencia al nivel de respuesta en caso de una intervención de fuerzas extranjeras.

Estamos obligados a garantizar la vida y protección del pueblo venezolano. Todo lo que vaya contra el país y la Constitución se convierte en enemigo de la patria, agregó.

En el plano interno, consideró la defensa constitucional de los derechos humanos, entre ellos el de manifestación, siempre que sea pacífica, sin armas, sin obstaculizar el derecho a ir al hospital, la escuela o al libre tránsito.