Los grupos parlamentarios en la Asamblea Constituyente acordaron ayer mantener en la carta magna local la disposición que prohíbe la privatización del servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje.

Aprobaron además definir la figura jurídica de la entidad encargada de la prestación de dichos servicios como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión.

Previo a la reanudación de los trabajos del pleno, anoche a las 20:30 horas, la mesa de consulta, integrada por los coordinadores de las distintas fuerzas políticas, suscribieron una propuesta de nueva redacción en la que se mantuvo la disposición de que este servicio no podrá ser privatizado.

En el acuerdo alcanzado por dicho órgano de concertación, se allanó además la salida al apartado sobre Derecho al agua y su saneamiento, el cual quedó pendiente la semana pasada en la discusión de Carta de Derechos, luego de que el coordinador del PRI, César Camacho, se comprometió a respaldar que en el texto, que envíe la comisión correspondiente al pleno, señale expresamente que la gestión del agua será exclusivamente pública y sin fines de lucro.

Antes, Morena en voz de su coordinador Bernardo Bátiz, advirtió que si no se garantizaba en la constitución que el agua no será un negocio de los particulares, nuestro partido no tiene nada que hacer aquí.

Una vez alcanzado el acuerdo sometido a discusión en el pleno, afirmó que la declaración expresa de prohibir su privatización es un posicionamiento de avanzada para la Ciudad de México.

A nombre del PRD, que en la comisión mantuvo también la postura de incluir explícitamente la prohibición de privatizar los servicios de agua, la diputada Dolores Padierna resaltó el consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios en este apartado y el de Carta de derechos, en el que se determina que el agua es un bien público, social, cultural, inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida.

Al final de la votación la disposición, contenida en el apartado de Gestión sostenible del agua, del artículo 21 sobre Ordenamiento territorial, se aprobó por 82 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.

Por la mañana, la diputada constituyente Clara Brugada, al participar en un mitin en la plaza Tolsá, explicó ante vecinos y organizaciones sociales que en la discusión del capítulo sobre Carta de derechos, PRI, PAN y Nueva Alianza lograron mandar a comisiones la disposición que establece que el servicio público de abasto de agua y saneamiento será prestado por el gobierno de la ciudad y no podrá ser privatizado, parte que pretendían suprimir del dictamen.

Indicó que lo mismo intentan hacer en el capítulo Desarrollo sostenible, que contiene esa disposición en el apartado Gestión sostenible del agua.

Durante la sesión, al discutir el rubro de medio ambiente, quedó asentada también la prohibición de privatizar y concesionar los servicios públicos de recolección y tratamiento de residuos sólidos y se agregó la disposición que obliga al gobierno de la ciudad a adoptar las tecnologías que permitan el manejo sustentable de los desechos.

Previo a la sesión del pleno, la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática se reunió para revisar 94 reservas que se presentaron al artículo correspondiente, el más largo del proyecto del texto constitucional, de las que sólo 14 quedaron para discutirse en el pleno –además de las que elaboró la mesa de consulta a propuesta de la misma comisión como la relativa al agua– que se seguían discutiendo en el pleno al cierre de la edición.