Me refiero al artículo de opinión que, bajo el título Gobierno ecuatoriano contra indígenas y ecologistas, fue publicado el sábado 7 de enero en curso, en la sección Economía del periódico La Jornada.

En el indicado artículo periodístico, su autora, Silvia Ribeiro, señala entre otras cosas que “… el Gobierno de Ecuador inició el proceso para disolver la organización Acción Ecológica (AE) que tiene 30 años de trayectoria ampliamente reconocida…” “… Esta medida de extremo autoritarismo e intolerancia a la crítica social independiente coincide con el escalamiento de la militarización y represión contra el pueblo indígena shuar en la Cordillera del Cóndor y la denuncia por AE sobre las violaciones allí cometidas…”

Al respecto, debo expresar mi desacuerdo absoluto con tales afirmaciones, debido a que, contrariamente a lo que sostiene la periodista en cuestión, en Ecuador se vive en la actualidad una democracia plena, con un amplio respaldo popular. Una democracia basada en la justicia social, la equidad y el respeto a los derechos individuales.

En lo que se refiere al caso concreto de Acción Ecológica, debo darle a conocer los siguiente:

A través de publicaciones en redes sociales, Acción Ecológica ha manifestado el respaldo a acciones y hechos violentos ejecutados por la comunidad shuar.

Acción Ecológica ha realizado afirmaciones temerarias sobre graves impactos ambientales y al ecosistema producto de la actividad extractivista; violación a los derechos humanos de estas comunidades alegando la ejecución de presiones, hostigamientos, amenazas y desalojos violentos.

No cabe duda del tinte político y, ante todo, de la incitación a la violencia por parte de Acción Ecológica, pues si bien sus miembros están en el derecho de promover la defensa de la naturaleza y de las personas, su ejercicio debe realizarse dentro del marco de la Constitución de la República. Su derecho a la protesta no implica aupar actos de violencia por fuera de los límites establecidos dentro de un estado de derecho y justicia.

El 20 de diciembre de 2016, el Ministerio de Ambiente de Ecuador notificó a la Corporación Acción Ecológica el inicio de un procedimiento administrativo con base en las siguientes consideraciones:

En aplicación al Decreto Ejecutivo N° 739 publicado en el Registro Oficial No. 570 de fecha 21 de agosto de 2015, que se indica, en el Art. 22, como Causales de disolución: numeral 2. Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fueron constituidos:  numeral 7. Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas.

El ministerio del Ambiente para la sustanciación del procedimiento administrativo ha garantizado el debido proceso, tanto el ejercicio del derecho a la defensa y contradicción de las partes. Se ha procedido conforme a lo establecido la Constitución de la República y demás normativa correspondiente.

Con estos antecedentes, la Embajada a mi cargo espera contribuir a que la opinión pública mexicana disponga de elementos de juicio veraces y objetivos respecto de la realidad que vive Ecuador.

Atentamente

Leonardo Arizaga Schmegel, embajador de Ecuador en México