Frente a una ‘‘histórica coyuntura, difícil y compleja’’ por la que atraviesa el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, como parte de sus medidas de austeridad, suspender la construcción de las torres proyectadas en sus oficinas centrales y que en principio costarían mil cien millones de pesos. Por ello pondrá a disposición de autoridades hacendarias mil 70 millones de pesos con que ya contaba para financiar el proyecto, para que se destinen ‘‘a áreas prioritarias del gasto del Estado’’.

Al hacer el anuncio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que se terminará la etapa de planeación –en curso– para concluir el proyecto ejecutivo de las torres, adjudicado a Tadco Constructora, BA Architecture Office y AKF México a un costo de 55.4 millones de pesos, a fin de que, junto con el plan maestro, ‘‘sean un insumo disponible para cuando, si el contexto económico lo permite, se realice la edificación’’.

En paralelo, se informó que los 11 consejeros electorales y los integrantes de la Junta General Ejecutiva se reducirán en 10 por ciento el salario, en consonancia con el anuncio realizado por el Ejecutivo Federal como parte del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Asimismo, se indicó que estos funcionarios renunciaron al pago de telefonía celular por parte del INE, por lo que cada uno absorberá el costo de este servicio.

Acompañado por todos los consejeros, Córdova explicó que en su momento se proyectó la construcción de las torres bajo la lógica de racionalizar el gasto corriente no recuperable que hace el INE de canalizar más de 100 millones de pesos anuales en arrendamiento de inmuebles, para invertir en un patrimonio público. En las proyecciones del instituto se pretendía amortizar la inversión originalmente planeada en 12 años.

Córdova mencionó que la Cámara de Diputados ya había avalado la entrega de los recursos al INE durante los ejercicios presupuestales de 2015 y 2016 para construir las nuevas instalaciones. Sin embargo, dijo que el país enfrenta una situación ‘‘que afecta al desempeño de la economía, al bienestar de la sociedad, a la credibilidad de las instituciones públicas y que alimenta un extendido malestar social’’.

Aseveró que frente a esta compleja situación, el INE, en tanto organismo autónomo de Estado, ‘‘no es ni puede ser ajeno a los desafíos que aquejan al país, ni permanecer al margen de las exigencias para afrontar con la máxima sensibilidad y responsabilidad el delicado momento por el que atraviesa nuestra nación’’.

El consejero adelantó que la Junta General Ejecutiva realizará una revisión del gasto a fin de detectar otras áreas susceptibles de realizar acciones de austeridad, las cuales se presentarían en febrero próximo.

Desde su origen, el proyecto de las nuevas instalaciones del INE recibió cuestionamientos de partidos políticos e incluso hace unos días el PAN y Morena alertaron que la dilación en construir el proyecto y el entorno económico actual provocarían un sustancial incremento en su costo, que podría haberse duplicado. Asimismo, en un principio el contralor del instituto, Gregorio Guerrero, expresó su oposición al proyecto.

Por otro lado, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a instancias de los comisionados el área administrativa realizará un análisis para determinar cuáles acciones de austeridad podrían instrumentarse ante la situación económica derivada del alza a gasolinas.