a perspectiva para el país es indudablemente negativa. No hay argumentos serios que planteen que los riesgos proteccionistas del nuevo gobierno estadunidense no se concretarán. Las informaciones con las que arrancamos 2017 lo confirman: la suspensión de la inversión de Ford, el tweet de Trump a Toyota, la declaración de Fiat-Chrysler, la solicitud de fondos para construir el muro. A ello se agregan las malas decisiones domésticas: el aumento de las gasolinas de enero y los ajustes anunciados para febrero, el regreso de Videgaray, la devaluación del peso. Ante este panorama de desaciertos y expectativas muy negativas se ha producido una respuesta social que ha tenido un vuelco político ante la resistencia al gasolinazo.
El gobierno federal, en lugar de corregir un error obvio, decidió recurrir a la fórmula priísta de los pactos forzados. Su Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección familiar fue presentado como resultado de un ‘ejercicio de consenso’ que ni siquiera entre las organizaciones empresariales lo logró; no incorporó a los gobiernos estatales, ni a los partidos políticos, ni a organizaciones ciudadanas. Así que su carácter consensual no existe. Además, en términos de su contenido tiene solamente propósitos políticos. Pero incluso en esos términos, en lugar de responder a los reclamos sociales revela que no los entiende. Ni siquiera se compromete a eliminar los aumentos a la gasolina que se harán en febrero.
Los tres ejes del acuerdo planteado por el gobierno peñista son un listado de propósitos sin ningún asidero que los haga viables. La protección de la economía familiar, primer eje, plantea que se evitarán incrementos ‘injustificados’ de los precios de los productos de la canasta básica, que se intensificarán los procesos de productividad en empresas y en el campo; el gobierno, por su parte, se compromete a mantener la estabilidad, modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana, mejorar las condiciones del crédito y fomentar la inclusión laboral y, lo que resulta muy sorprendente, facilitar que se entreguen los recursos del sistema de ahorro para el retiro. Resulta evidente que nada de esto protegerá la economía familiar. Es pura y simple retórica.
El segundo eje es peor: el gobierno federal impulsará la inversión y el empleo a través de la banca de desarrollo; fomentará la repatriación de capitales e implementará reformas estructurales que eleven la competencia y la inversión. Sabemos que la inversión pública ha disminuido en los pasados siete años y que la banca de desarrollo no da crédito directamente sino a través de la banca privada, de modo que no aumentará la inversión, ni el crédito ya que dependerá de los banqueros. Anunciar otras reformas estructurales, luego del desastre que estamos viviendo, es un desatino colosal.
En el tercer eje, preservar la estabilidad económica, lo primero que se plantea es garantizar un creciente superávit primario y reducir la deuda pública; después se refrenda el esfuerzo por preservar la estabilidad económica, mediante un buen balance
de política social, política monetaria, sistema financiero y reformas estructurales, complementadas con medidas de transparencia y combate a la corrupción. Aquí el desatino se convierte en torpeza: un creciente superávit primario, cuando se ha comprometido no aumentar impuestos, solo se consigue recudiendo el gasto público y, según ellos, se hará balanceando
la política social, con incrementos en las tasas de interés, porque eso es la política monetaria del Banco de México, es absurdo. Pero en el documento firmado agregan que serán transparentes y combatirán la corrupción. Este gobierno ha demostrado que la corrupción es su divisa, anunciar que la combatirán es demagogia.
El rechazo de la opinión pública, los partidos políticos y hasta la Coparmex es perfectamente explicable. El Acuerdo gubernamental tiene un objetivo político, que se intenta conseguir a través de una escenografía mediáticamente elaborada. Cuando Coparmex señala que lo que se requiere es un acuerdo con metas concretas, cuantificables y calendarizadas, lo que es evidentemente indispensable en un acuerdo para proteger la economía familiar, lo que está haciendo es desmontar esa escenografía descubriendo su objetivo político. Este objetivo es, otra vez, engañar. No lo han logrado. Lo que han hecho es lo contrario: mostrar su torpeza e insensibilidad. Confirmar que no tienen la capacidad para gobernar este país, menos en una situación tan complicada como la que enfrentaremos.
