a improvisación, la falta de sensibilidad y la incompetencia tarde o temprano pagan el costo político y social de un país, de todo un pueblo, a un monto elevado y de consecuencias imprevisibles para la paz y la estabilidad.

En México se ha hecho práctica común que los sectores de ingresos fijos y más necesitados sean los que absorban los daños y sufran las consecuencias de la corrupción y la ambición desmedida de políticos y empresarios carentes de nacionalismo o de visión social para establecer una sana y justa política económica que nos saque del atraso, de la marginación y de la pobreza crecientes que pueden provocar el derrumbe total de un sistema que con relativa estabilidad duró casi 100 años y costó más de un millón de muertos, como fue en la Revolución mexicana.

Los ricos cada vez se hacen más ricos sobre la base de que se trata de compañías y empresarios que pagan impuestos muy bajos en proporción a su riqueza, cubren salarios de subsistencia y mantienen las peores condiciones de trabajo y explotación abusiva de la mano de obra y de los recursos naturales, propiedad de la nación, es decir, de todos los mexicanos y no de unos cuantos.

Los gobiernos débiles y cómplices, que no tienen dirección ni rumbo definidos para llevar adelante a la nación, se dejan presionar por los más privilegiados y los socios o directivos de las compañías que sólo atienden sus intereses, que no tienen a la patria entre sus consideraciones fundamentales, excepto por lo que les puede dejar a sus negocios.

Los incrementos a gasolinas, impuesto predial, tenencias de automóviles y muchos más que pagan principalmente las clases medias y las de menores ingresos, son una carga fiscal irresponsable que no mejora la distribución de la riqueza, sino que la hace cada vez más desigual e inequitativa, porque en lugar de gravar más las ganancias del capital y a los que más pueden pagar, los eximen o bien les reducen las contribuciones en proporción mucho menor a su patrimonio.

Los más poderosos aportan menos al financiamiento del gasto público y se dedican a encubrir las ineficiencias e improvisaciones del gobierno, que, al final, el pueblo paga. Hay toda una red de complicidades y encubrimientos avalada por algunos funcionarios y por empresarios que los corrompen, para juntos saquear a la población.

¿Qué perspectivas tiene la economía en esas condiciones? ¿Qué futuro esperamos para quienes en el universo de más de 124 millones de mexicanos no tienen acceso a los altos niveles de información confidencial, o a las amistades cómplices, o al tráfico de influencias, o a las concesiones ilimitadas y a los amplios privilegios? Da la impresión de que la irresponsabilidad provoca deliberadamente el coraje y la insurrección popular. Generar una situación tan delicada es un crimen imperdonable.

Si a la inseguridad y la violencia internas, a la corrupción y la incompetencia le agregamos los efectos externos de un nuevo gobierno estadunidense y que trae políticas diferentes, que han incrementado enormemente la incertidumbre, entonces el panorama para este año es desolador y con una cantidad enorme de riesgos para México y el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Donald Trump, desde su campaña política, anunció decisiones y cambios que ya comenzó a aplicar, como frenar las inversiones de Estados Unidos a México, la construcción de un muro, malla o línea electrónica a lo largo de la frontera, así como cambios de fondo al Tratado de Libre Comercio, que van a impactar el futuro nacional.

En el caso de la industria automotriz, presiona y amenaza a las grandes compañías estadunidenses y de otras partes del mundo, como Toyota, Honda o las alemanas, para que cancelen sus inversiones en nuestro país, como Ford Motor Company, General Motors y Chrysler-Fiat. Trump quiere mantener los empleos en su nación y frenar las ventajas de aprovechar el bajo costo de la mano de obra mexicana, que el gobierno nacional ha promovido y tolerado.

Se menciona en algunos círculos políticos del vecino país, que mientras Trump esté en el poder ninguna planta de autopartes se trasladará a México, ya que Estados Unidos tiene un déficit grande en este rubro, resultado de que nuestra nación exporta un volumen mayor de autos ensamblados al norte, frente a los que importa. El presidente electo quiere nivelar la balanza de la industria automotriz entre ambos países.

La pregunta es cómo va a responder el gobierno de México ante todas estas amenazas y realidades, si internamente tiene además una ebullición de problemas económicos y sociales de gran magnitud y de consecuencias imprevisibles, derivados de una política económica injusta y equivocada.

Ante esta situación, las perspectivas para nuestra nación no son nada halagadoras ni optimistas, menos para la gran mayoría de la población mexicana, que sigue a la espera de un cambio radical que este gobierno no le ha querido ni podido conceder.