El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó un primer paquete de dos acciones fiscales con las que busca paliar el impacto del gasolinazo en sectores vulnerables de la población y cinco medidas de austeridad con la finalidad de generar un ahorro de alrededor de 80 millones de pesos al año.

En apoyo de la economía de los adultos mayores y jubilados, se condonará 30 por ciento del pago del impuesto predial y, dependiendo de la afectación por hundimientos o grietas, de 50 a 100 por ciento en inmuebles de 22 colonias de la delegación Iztapalapa.

Las medidas de austeridad incluyen la conversión de mil 500 vehículos oficiales de gas LP a natural, así como la instalación de 10 estaciones de carga de gas natural en un plazo de seis meses; otras mil 500 unidades utilizadas por funcionarios del área administrativa, incluido el jefe del Ejecutivo local, dejarán de circular un día a la semana y se reduce 20 por ciento el bono de gasolina.

Se remplazarán las calderas que funcionan con gas LP en hospitales –ya hay seis a prueba– y en reclusorios, y se instalarán más paneles solares en los edificios del Gobierno de la Ciudad de México, con lo que se prevé tener un ahorro de 50 por ciento en la energía que se suministra.

Asimismo, a los servidores públicos se recorta 18.1 por ciento el uso de radios de comunicación y la telefonía celular, y se verificará que todas las dependencia del gobierno local entreguen a sus trabajadores el recibo de nómina vía digital, con lo que se tendrá otro ahorro de 15 millones de pesos al año.

Mancera Espinosa precisó que se excluye de estas medidas a las unidades de emergencia y patrullas.

Por otra parte, evitó dar a conocer los acuerdos que se están trabajando con el sector empresarial, hasta tener algo muy concreto. No es momento de que nos precipitemos, simple y sencillamente hay que trabajarlo con cuidado y donde el gobierno pueda apoyar, lo va a hacer.

En tanto, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa (ALDF) llamó a los gobiernos local y federal a buscar alternativas que mitiguen el impacto en la economía de las familias por el incremento a los combustibles e impidan una escalada de aumentos en bienes y servicios, en particular en los precios de los productos de la canasta básica y tarifas del transporte público.

Esto, luego de que las distintas fuerzas políticas –a excepción del PRI– expresaron un contundente rechazo al gasolinazo y a la pretensión de la Comisión Reguladora de Energía de invadir facultades de este órgano legislativo y del gobierno capitalino para autorizar la instalación de gasolineras por doquier.