En su recomendación sobre la violación al derecho a la consulta previa al pueblo de Xochicuautla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejó de lado muchos otras garantías básicas de los pueblos indígenas, las cuales son violadas por diversas instituciones federales y del estado de México, y que, en la práctica, hacen posible que se concrete la carretera Toluca-Naucalpan, aseguró la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

Al hacer un análisis de la recomendación, la abogada Carla Sofía Loyo Martínez señaló que el organismo nacional efectivamente constató la violación al derecho a la propiedad colectiva en relación con el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas en perjuicio de las comunidades indígenas de Xochicuautla, Huitzizilapan y Ayotuxco.

Y que en relación a la consulta en el decreto de expropiación del 9 de julio de 2015, se determinó que tampoco cumplió con los estándares internacionales, pues no se tomó en cuenta a la población, se programó en un lugar ajeno a la comunidad, y se realizó en una semana.

Sin embargo, la abogada criticó que en su recomendación, la CNDH dice ser incapaz de recomendar la cancelación de la autopista, debido a que no puede anular permisos y autorizaciones, y porque los derechos están siendo objeto de estudio por el Poder Judicial de la Federación.

En los hechos, esta decisión implica que la construcción de la autopista, cuyo trazo atraviesa las comunidades y sus lugares sagrados, seguirá.