La Cámara de Diputados y el Senado iniciaron ayer trabajos en conferencia para dictaminar de forma acelerada el marco jurídico que legalice la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.

La intención es aprobar la ley en un lapso de un mes, según comentó el presidente del Senado, Pablo Escudero. El consejero jurídico de la Presidencia de la república, Humberto Castillejos, planteó durante la reunión que el presidente Enrique Peña Nieto está dispuesto a trabajar conjuntamente para crear una mejor ley.

Durante la reunión, realizada en el Senado, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, y el senador del PAN Roberto Gil Zuarth presentaron sus respectivas iniciativas y aseguraron que la nueva ley no tiene la intención de reprimir protestas.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, planteó que en la iniciativa en la materia que presentará este miércoles ante la Comisión Permanente propone que bajo ninguna circunstancia se puede considerar como amenazas a la seguridad interior, las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales.

El diputado priísta Camacho mencionó las quejas públicas del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por no contar con un marco jurídico para que puedan participar en tareas de seguridad pública.

Hemos registrado en más de un episodio la fundada preocupación del secretario de Defensa Nacional a propósito de la necesidad urgente de contar con un entramado jurídico que no sólo marque límites en términos geográficos, sino también en términos temporales. Es decir, en qué espacio y en qué tiempo.

Su propuesta, aseguró el priísta, “no es una ley que responda a una situación emergente. Es una ley vital, indispensable en cualquier Estado democrático. No es –abundó–, evidentemente, un cheque en blanco para nadie”.

Gil Zuarth, quien también presentó una iniciativa de ley de seguridad interior en el Senado, dijo que con su propuesta no se pretende militarizar el país.

Resaltó que lo que se quiere es poner fin al perverso incentivo que está generando la participación de las fuerzas armadas en términos de evasión o elusión de la responsabilidad local en la generación de policías.

El consejero jurídico de la Presidencia, Castillejos, coincidió con la propuesta de Gil Zuarth en que podamos llegar a una ley de seguridad interior, que rompa el incentivo de que los municipios y los estados no inviertan en seguridad pública; que las fuerzas armadas regresen a su función primordial, la defensa interior y exterior del país, pero que permita su participación como auxiliar de la seguridad pública, como lo definió la Corte.

La próxima reunión será el próximo martes 17 de enero en la Cámara de Diputados.