En años recientes y en diferentes circunstancias, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han negado a reducir su salario –incluso después de la reforma constitucional de 2009, la cual estableció que ningún funcionario podía ganar más que el Presidente de la República–, que este año será superior a 6 millones 766 mil pesos anuales.

Desde que entró en vigor esa medida, los ministros argumentaron que se trataba de una cuestión de respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, ya que la Carta Magna señala que los sueldos de los juzgadores no podrán ser reducidos para no vulnerar su labor.

Con esta lógica, los consejeros de la Judicatura Federal y los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han mantenido sus sueldos sin cambio y ‘‘sólo’’ reciben el aumento correspondiente al incremento de la inflación anual, confiaron fuentes judiciales.

En su momento, presidentes de la Suprema Corte, como Genaro Góngora Pimentel (2004-2007) y Juan N. Silva Meza (2011-2014), propusieron a sus compañeros reducir sus salarios, pero la mayoría se opuso; desde entonces, el tema se consideró superado.

Cifras poco claras

Por otra parte, el monto y prestaciones adicionales que reciben los ministros, consejeros y magistrados electorales a sus sueldos es un misterio. Hasta 2007, el Manual de Percepciones del Poder Judicial de la Federación precisaba las prestaciones de ministros, consejeros y magistrados electorales, pero a partir de 2008 y hasta la fecha, el presupuesto anual publicado en el Diario Oficial de la Federación sólo en-globa el monto total destinado a prestaciones para todos los funcionarios y trabajadores sin distinción.

Tampoco ha habido un pronunciamiento oficial sobre qué prestaciones mantienen los funcionarios judiciales o si algunas de éstas fueron modificadas. En el Manual de Percepciones 2007 se establecían como prestaciones: seguro de vida hasta de 40 meses de percepción ordinaria, con posibilidad de potencializarlo a cargo del funcionario; seguro de gastos médicos mayores por 740 salarios mínimos, y seguro de separación individualizado, en el que el gobierno aportaba hasta 10 por ciento del sueldo del funcionario, además de hasta dos vehículos, telefonía celular y gastos de alimentación (sin límite establecido).

A lo anterior se suman aguinaldo de 40 días de sueldo base más compensación garantizada, pagos por defunción –cuatro meses del último sueldo de la persona fallecida–, así como ayuda para anteojos, apoyo de gastos funerarios, estímulo por prejubilación, estímulo del Día de la Madre, en su caso, asignaciones adicionales o ‘‘bonos’’ (abril, agosto y noviembre), y apoyo por incapacidad médica permanente (sin precisar montos).