ucho se ha especulado sobre las consecuencias sociales y políticas del gasolinazo. Para muchos, lo ocurrido hasta ahora simplemente se trata de la reacción instintiva, incluso salvaje, ante el disgusto, reconocido por el propio Peña Nieto, por el inminente aumento de las gasolinas y el muy probable incremento desmedido de la canasta básica. Para otros, la reacción violenta se trataría de una operación medida y planeada por alguno o algunos de los aspirantes a la candidatura presidencial en 2018; para otros más, simplemente sería la mala fe de algunos políticos o partidos que se aprovechan de la circunstancia para obtener beneficios personales o de grupo (así lo dijo el presidente Peña Nieto).

El problema es que el futuro anunciado por el alza de las gasolinas, consecuencia de su privatización, cae sobre mojado. Es decir, en cierta forma, para una buena parte de la ciudadanía, el suceso es el remate de las decisiones de un gobierno que parece decidido a gobernar exclusivamente para su grupo mismo y para los ricos de este país. Los resentimientos politicos y el ánimo de repulsa generalizado hacia los gobernantes en turno ha crecido en fecha reciente. Muestra de ello, entre muchas otras, es la baja popularidad que en encuestas recientes ha mostrado Peña Nieto, y tal vez, con mayor exactitud, la caída en flecha de su imagen pública, que obviamente no se ha recuperado un ápice con sus explicaciones repetitivas del origen externo del gasolinazo, sobre las causas no nacionales sino internacionales.

La cuestión de fondo, que no aciertan a captar los altos oficiales, es que se trata ahora, tal vez, de una verdadera rebelión que tienden a calificar de mera revuelta delincuencial, sin admitir que es una primera forma de protesta “antiestructural y profunda, y no simplemente una forma de expresión semidelincuencial de oportunidad o manipulada por políticos aspirantes al premio mayor de 2018. No, se trata de algo mucho más profundo, cuyos resultados están por verse, aun cuando podamos ya percibir las graves limitaciones del proceder actual y, en primer término, la ausencia de una organización o partido político capaz de formular un redondo cuerpo de ideas sobre la táctica y estrategia de las movilizaciones populares. Sí, hay partidos o algunos dirigentes de los mismos, que se han pronunciado claramente contra el aumento del precio de los combustibles, pero han permanecido demasiado cautos sobre los rumbos y modos de las movilizaciones en marcha, y tal ausencia sobre la táctica y estrategia a seguir es probablemente la mayor debilidad de las tales movilizaciones.

Dicho sea de paso, de cualquier manera sigue totalmente ausente de la mentalidad de los gobernantes –en primer lugar, del propio Enrique Peña Nieto– de que para la sociedad en conjunto ha llegado el momento de un cambio importante, aun cuando no estén precisos sus términos, y que no basta con repetir al infinito que sus acciones sólo son actos delincuenciales, sino que existen problemas estructurales reales que exigen un cambio, y que el problema no puede evadirse simplemente hablando de causas externas, cuando la mayor exigencia de cambio proviene de causas internas. Esta ceguera casi proverbial es lo que ha convertido al PRI y a sus líderes en casi grotescos recuerdos de los momentos más oscuros del pasado.

Otro de los problemas que obviamente tiene el PRI frente a sí es lidiar nuevamente con Andrés Manuel López Obrador, quien, según prácticamente todas las encuestas, sigue subiendo no solamente en popularidad, sino en intención de voto. El vulgar fraude de otros años no es ya posible porque, en efecto, puede ser la chispa que incendie la pradera. Y, sin embargo, el partido en el poder está obligado no sólo a responder (no con insultos, sino con argumentos) a los planteamientos de López Obrador y de Morena, y la única salida, a mi entender, es abrirle el paso a la izquierda, no a la derecha, como hizo Ernesto Zedillo, que históricamente sería la única relativa tabla de salvación para ese partido.

Volviendo a la revuelta actual, quienes la ven como una simple manipulación, serían sobre todo aquellos que quisieran demostrar que el problema de fondo del país no es, por ejemplo, la economía, sino la gobernabilidad, lo que conduce directamente, según estos intérpretes, a la Secretaría de Gobernación, lo cual me parece poco probable, demasiado burdo y simple copia de momentos anteriores ya vividos por el país. Pero, en fin, en estos terrenos no parece fácil decir la última palabra.

El hecho escueto es que el país en su inmensa mayoría interpreta las principales decisiones del gobierno, como ésta de la privatización de los combustibles y en buena medida de Pemex, como enfoque constante de favorecer a las clases y sectores ya favorecidos y en contra del grueso de los intereses populares. Tal es la percepción más constante en el país y resulta muy difícil, con el lenguaje y mentalidad de los economistas, trasladar invariablemente al exterior el origen de los problemas que vivimos, cuando son del conocimiento público la extensión de la inmoralidad y corrupción de buena cantidad de funcionarios gubernamentales.

Todavía debemos decir que, por este camino, crecerán en cantidad y calidad la oposición o las oposiciones y el rechazo a los gobernantes, sin que sea posible, por supuesto, predecir el futuro y el punto a que llegarán esas oposiciones. Lo cierto es que con la conocida actitud inflexible de los actuales gobernantes y su desconocimiento y desdén a la opinión pública más generalizada, no es demasiado aventurado predecir en algún punto del futuro un México con fuertes enfrentamientos y con una violencia que, por fortuna, no hemos conocido durante un buen tiempo.