La crisis en la que se encuentra el campo mexicano se explica en gran medida por el abandono de la producción y mejoramiento de semillas, labor para la cual el gobierno otorga un presupuesto cada vez más insuficiente, al mismo tiempo que abre la puerta para que organismos internacionales y empresas privadas controlen los recursos biológicos del país.

Así lo afirmaron científicos y activistas especializados en el tema, quienes advirtieron que de esta forma el país acentúa su dependencia alimentaria del extranjero sólo para beneficiar intereses corporativos.

Buen trabajo desmantelado

La precariedad y la falta de recursos no siempre fue la realidad del agro mexicano. De hecho, en la década de los 70 del siglo pasado el campo trabajó de manera excelente. Logramos ser autosuficientes en la producción de maíz e incluso teníamos para exportar, recuerda Alejandro Espinosa, genetista de semillas y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.

El cambio histórico tuvo uno de sus principales puntos de inflexión en 2000, cuando el gobierno de Vicente Fox decidió cerrar la Productora Nacional de Semillas (Pronase), con la idea de que era más barato importar todo el maíz que se necesitara en vez de producirlo en casa, afirma el también integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.

La consecuencia de ello es que México ha pasado de importar entre 2 y 3 millones de toneladas de maíz al año en los años 70, a más de 10 millones en la actualidad. Aun así, el país no ha logrado acumular reservas de granos para evitar un fenómeno de carestía como el ocurrido en 2007, cuando el kilo de tortilla superó 30 pesos.

De 2000 a la fecha la investigación en semillas está prácticamente abandonada y los organismos gubernamentales encargados de esta tarea cada vez cuentan con menos recursos e incluso han enfrentado amenazas de cierre definitivo.

Un ejemplo, indicó Espinosa, es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), que en 2017 contará con un presupuesto de mil 350 millones de pesos, mayor a los mil 150 millones de 2015 y a los mil 256 millones de 2016, pero casi 50 por ciento inferior al presupuesto de 2 mil 600 millones del que gozó en 1997.

A lo anterior se suma el hecho de que desde 2004 las autoridades mexicanas promovieron un trabajo muy cercano y entregaron recursos al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, cuya prioridad es el análisis de las condiciones de ambos cereales a escala mundial, no local.

Para Espinosa se trata de un nuevo colonialismo, porque esto se hace con países bananeros, pero México tiene 73 años de investigación formal sobre el tema, con científicos muy sobresalientes.

El avance de los transgénicos

El virtual abandono en que se encuentran el Inifap y los demás organismos encargados del desarrollo de semillas, fertilizantes y otros insumos relacionados ocurre al mismo tiempo que el gobierno de México permitió una injerencia cada vez mayor de los organismos genéticamente modificados.

Adelita San Vicente, directora de la asociación civil Semillas de Vida, señala que en 2009 y 2011 el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón autorizó a la empresa trasnacional Monsanto la siembra de semillas transgénicas de maíz en fase experimental y piloto.

Sin embargo, en 2015 más de 50 personas físicas y morales emprendieron una demanda colectiva para frenar la siembra de granos transgénicos, con el argumento de que los sembradíos de Monsanto ya habían generado contaminación en parcelas cercanas y por lo tanto violaban el derecho a una alimentación sana y de calidad.

Aunque dicha acción fue respaldada por un juez y ha logrado frenar por más de tres años la siembra de las semillas de Monsanto, no podemos estar tranquilos, toda vez que importamos maíz transgénico y es muy probable que se distribuya en las comunidades, alerta San Vicente.

Tanto el abandono de la producción y mejoramiento de semillas nativas como la entrada y avance de los transgénicos no son casuales, en la medida en que el segundo depende del primero.

“En 2010, Calderón permitió a Monsanto abrir una planta de producción de semillas híbridas en Nayarit, donde no logró entrar el Inifap. Es evidente que se busca el despojo de las comunidades campesinas –que aun así producen 40 por ciento del maíz que consumimos– para poner su riqueza a disposición del capital”, considera la activista.

Ante dicho escenario, según Alejandro Espinosa, es urgente que el gobierno respalde el surgimiento de pequeñas empresas mexicanas desarrolladoras de semillas, que son el insumo más importante de la agricultura mundial. De ellas depende el éxito o el fracaso de un productor y México está perdido en términos de lo que debería hacerse en este terreno.