La reducción de 10 por ciento a los sueldos de altos funcionarios, anunciada el jueves por el presidente Enrique Peña Nieto, no representa una baja sustancial del gasto público.

En principio, porque en esa clasificación, denominada servidores públicos de mando superior, sólo hay cinco categorías de puestos: secretario, subsecretario, oficial mayor, director general y titular de unidad.

Si bien ahí se concentra el personal con los sueldos más altos de la administración pública federal, el gobierno preserva para el pago de nóminas de cada dependencia un alto porcentaje del presupuesto disponible para 2017.

Hay casos, como la Secretaría de la Defensa Nacional, donde sus servicios personales representan 73 por ciento del total de los recursos autorizados para este año. Para la Policía Federal la proporción es de 75 por ciento.

En la Oficina de la Presidencia de la República, de un monto total aprobado de mil 819 millones de pesos, mil 44, es decir, 57.3 por ciento, va para ese mismo concepto.

Gobernación tiene un panorama similar. De 58 mil millones, destina 55 por ciento a servicios personales. Hay casos, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con un escaso presupuesto anual de 25.4 millones, de los cuales 18.7 van para nómina y apenas 6.2 millones para gastos de operación.

En la propia Secretaría de Hacienda 64.6 por ciento es de nómina, mientras en Educación Pública los gastos personales son más caros que lo dispuesto para la inversión física.

El rango de salarios de los mandos superiores del gobierno va de 206 mil pesos a 128 mil pesos mensuales; en esta construcción predominan las compensaciones, seguros y otro tipo de apoyos, muy superiores al salario.

Por ejemplo, un subsecretario tiene un sueldo base de 25 mil 667 pesos al mes, pero una compensación garantizada de 179 mil pesos. El Presidente de la República tiene una percepción ordinaria total máxima de 201 mil 239 pesos y los secretarios de su gabinete, 193 mil 354 pesos cada mes.

Aunque no se ha precisado el número de funcionarios que integran esta cúpula, ya desde el inicio del sexenio, en diciembre de 2012, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció una reducción anual de 5 por ciento en las percepciones de este grupo, acorde con las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos.

En el mensaje de Peña Nieto el jueves pasado no se detalla si la reducción de 10 por ciento (efectiva a partir del primer trimestre de este año, dijo al justificar el aumento al precio de las gasolinas) es parte o adicional a aquella baja, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012.

Más allá de ese dato, la disminución anunciada no es sustancial para el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por los diputados, con base en un proyecto elaborado en la Secretaría de Hacienda.

El Poder Legislativo tiene este año un presupuesto de 15 mil millones de pesos; el Poder Judicial, 75 mil 477 millones y la Auditoría Federal de la Federación, 2 mil 200. A ello hay que agregar los millonarios recursos de organismos como el Instituto Nacional Electoral (15 mil 371 millones), por mencionar un caso.

Otros gastos y responsabilidades del sector público son Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y el IMSS. Tan sólo en este último, el gobierno aporta 237 mil millones de pesos en 2017 para cubrir el pago de pensiones y 10 mil millones de pesos para el cumplimiento del contrato colectivo en el instituto.