orque el gigantesco incremento al precio de las gasolinas que repentinamente, en plena cuesta de enero, se receta a la población, golpea de manera directa la precaria economía personal y familiar.

2. Porque el incremento genera un efecto multiplicador en otros bienes y servicios, como el transporte y alimentos y en general todos aquellos de primera necesidad.

3. Porque el precio de las gasolinas continuará incrementándose en meses posteriores, sin que hasta ahora sepamos sus límites, generando más incertidumbre y angustia.

4. Porque el Presidente mintió para convencernos de las bondades de la privatización de los energéticos, insistiendo en que estos reducirían su precio. Ahora queda claro, como se advirtió en su tiempo, que esta privatización generará mayores perjuicios a la población, entre otras razones, por la necesidad de cubrir los hoyos en las finanzas públicas que provocó la reforma.

5. Porque siendo México un importante productor de petróleo, resulta inexplicable o injustificado que no se haya refinado siquiera la gasolina necesaria para satisfacer las necesidades del país. Hoy dependemos del precio que deseen fijar las trasnacionales extranjeras. Durante mucho tiempo se insistió en la necesidad de aprovechar nuestra capacidad de refinación, ya que las instalaciones están subutilizadas. A contracorriente, el gobierno apostó a la importación y fomento que particulares participaran en este negocio.

6. Porque se sabe que detrás de la importación de las gasolinas existe un gigantesco y oscuro negocio del que se benefician personajes cercanos al gobierno y funcionarios públicos.

7. Porque casi la mitad del incremento al precio de las gasolinas supone una carga fiscal o impuesto, independiente del costo internacional de la gasolina y del propio impacto de la devaluación.

8. Porque no existe transparencia gubernamental sobre el destino de los nuevos recursos fiscales derivados de este incremento, y las promesas con las que se justificó la reforma tributaria al inicio de la administración no fueron cumplidas; entre ellas destacan la pensión universal y el seguro de desempleo, que quedaron congeladas en el Senado después de haber sido aprobadas en la Cámara de Diputados. Todo ello, además de las casas blancas, fue minando la confianza popular.

9. Porque resulta inexplicable que no se ha detenido el gigantesco robo de combustible en los ductos de Pemex, existiendo evidencia de que en este delito están implicados funcionarios de la propia empresa.

10. Porque el incremento generalizado de precios que se está provocando no está sustentado en un incremento salarial. La mayor parte de los mexicanos gana menos de tres salarios mínimos, por lo que los niveles de pobreza, indudablemente, aumentaran. Esto, sin considerar que la otra parte de la población carece de empleo formal y que sectores como el campesino, alejado de las poblaciones, es el que más sufre los efectos de la carestía.

11. Pero quizás el elemento que genera mayor indignación es el contraste que observamos entre el trato que se da a la mayoría de los mexicanos, a quienes se imponen recetas amargas, solicitando su comprensión, frente a los privilegios que se otorgan a otros sectores. Irrita que los apuros familiares derivados de la nueva carestía y los nuevos impuestos sean el insumo que paga salarios millonarios a los funcionarios, bonos encubiertos y apoyos especiales a legisladores para sus moches y promociones personales; aguinaldos insultantes exhibidos en estas épocas navideñas; lujosas instalaciones, gastos superfluos en relaciones públicas y vuelos en primera clase, así como presupuestos a órganos autónomos que no se justifican por sus resultados.

12. Enoja a todos el cinismo y desvergüenza de los líderes sindicales, entre ellos el del propio Pemex, que se resiste a dejar los negocios que hace con la empresa; la propaganda gubernamental carente de justificación, salvo la de servir como instrumento de control de los medios. Indigna saber que los recursos que hoy se extraen de los bolsillos de los trabajadores son los que han enriquecido a los gobernantes corruptos en Veracruz, Chihuahua o Coahuila. Lo mismo puede decirse de los ricos sexenales vinculados a circuitos monopólicos enchufados al gobierno que impiden que los empresarios comunes puedan operar en el mercado con mejores precios y condiciones.

Distinto hubiera sido si Peña Nieto, en congruencia con el incremento anunciado, hubiese iniciado un programa que incluyera la austeridad en el gasto público, una ley de salarios máximos, la prohibición de bonos y de prestaciones privilegiadas, el saneamiento de Pemex, la detención de los gobernantes símbolo de la corrupción, el sometimiento a los legisladores y funcionarios de otros órganos para que solo recibieran el salario base asignado. No hubiese calmado todas las aguas porque el problema es estructural, pero al menos habría tenido cierto grado de credibilidad. Al no existir esa elemental sensibilidad y congruencia, sus palabras no hacen sino desatar más indignación.

Las movilizaciones y demandas se han tratado de opacar con el temor provocado por los saqueos y actos vandálicos, pero bien sabemos que estos son tolerados e incluso promovidos por agentes gubernamentales para inhibir la auténtica protesta popular, por cierto, la única que podrá sacarnos del hoyo en que estamos metidos.