La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, y a integrantes del ayuntamiento de Celaya, por el caso de una mujer víctima de violencia sexual a quien policías municipales y personal de la procuraduría estatal discriminaron y violaron su derecho a la justicia.

En la recomendación 64/2016, señala que los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2014 y la agraviada declaró que ese mismo día informó de lo sucedido a su esposo y a dos policías municipales, pero éstos últimos ni siquiera buscaron al agresor.

Además, uno de los policías dijo al esposo que la mujer tenía un novio o amante, y la persona encargada del módulo de atención de la Procuraduría General de Justicia del Estado sospechó de la entereza de la denunciante y del hecho de que no estuviera golpeada o maltratada. Más aún, la acusó de haber dejado a sus hijas para ir a tener sexo con un hombre.

El organismo nacional atrajo el caso iniciado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por tratarse de un asunto relacionado con violencia hacia la mujer, e integró el expediente CNDH/4/2014/7281/Q, para investigar las probables violaciones a derechos humanos descritas por la víctima.

Tras su investigación, la CNDH constató numerosas irregularidades y faltas cometidas por los funcionarios públicos, entre ellas, que las declaraciones de cinco agentes policiales son contradictorias; ninguno de los que atendió a la víctima elaboró ni remitió el parte informativo de lo que sucedió, ni explicó a la afectada la importancia de preservar los posibles elementos de prueba. Asimismo, al canalizarla al módulo del Ministerio Público no estuvieron alerta para evitar posibles tratos discriminatorios.

Las anomalías documentadas en la recomendación, señala el ombudsman, derivaron en una inadecuada procuración de justicia, lo que vulnera lo estipulado en la Constitución y en varios tratados internacionales.