Cancún, QR.

Los diputados locales asestaron un albazo el pasado 21 de diciembre al aprobar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (Isabi), pese a que antes se solicitó al gobernador Carlos Manuel Joaquín González vetar ese gravamen, reprochó la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Cancún.

La organización anunció que se amparará contra la aplicación del Isabi porque la ley fue aprobada y publicada desde el 21 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo sin siquiera haber escuchado a representantes del sector.

Jorge Francisco Alemán Yúdico, presidente estatal de la AMPI, señaló que este impuesto, cuya tasa aumentó de 2 a 3 por ciento, carece de fundamento y justificación, porque no está claro adónde irán esos recursos, que se calculan en unos 150 millones de pesos. Que se etiqueten para que no terminen en un fondo perdido.

Dijo que el sector inmobiliario está molesto e indignado por la burla de los legisladores locales, pues el sector de bienes raíces se inconformó el 16 de diciembre por ese impuesto y el 27 firmaron una carta junto con representantes de otros sectores para solicitar su veto.

Denunció que la misiva no fue recibida el 28 de diciembre por el gobierno del estado ni por el Congreso del estado, pues en Quintana Roo se siguen haciendo acuerdos por debajo del agua. Nos vamos a amparar.

Indicó que se convocará a todos los clientes y a los cerca de 100 afiliados de la AMPI para no pagar el Isabi y adelantó que el amparo, que tendría un costo de entre 20 mil y 30 mil pesos, se presentará la próxima semana ante juzgados federales.

Actualmente, en el municipio de Benito Juárez se recaudan alrededor de 300 millones de pesos con este gravamen; con el aumento serían 450; es decir, 150 millones más que no queremos verlos gastados en las próximas campañas electorales, expresó.

Jorge Francisco Alemán previó que el aumento de la carga tributaria mermará entre 5 y 6 por ciento la compraventa de viviendas (en la entidad se hacen alrededor de 20 mil operaciones al año) por lo que pidió crear un fideicomiso con participación ciudadana a fin de garantizar que esos recursos se destinen a la realización de obras públicas.