l gobierno peñanietista refrenda la apuesta, siempre con base en la experiencia acumulada en seis administraciones neoliberales al hilo: después del mandarriazo gasolinero, pacientemente espera a que se calmen las aguas, que se apaguen las protestas y que la pasiva sociedad mexicana apechugue (como lo ha hecho a lo largo de los últimos treinta y cuatro años), para que el más reciente negocio privado –el de los combustibles– rinda los jugosos frutos prometidos a los inversionistas.

Así ha sido, y así será, según espera el gobierno peñanietista. ¿Ejemplos? Allí está uno de los más sonados de los últimos años: el rescate bancario de 1995, el cual –según sabias palabras del entonces gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo– sería temporal y apenas por un monto de 50 millones de dólares. Y mientras las aguas se agitaban y crecían las protestas, el tal rescate se convirtió en permanente y por un monto cercano a 120 mil millones de dólares.

Veintiún años después raro es aquel que recuerde el Fobaproa, pero lo cierto es que se calmaron las aguas, se apagaron las protestas, la deuda ilegal se legalizó y la pasiva sociedad mexicana apechugó, pues a lo largo de ese periodo, y mientras los bancos rescatados se han hinchado de utilidades, en ningún momento ha dejado de pagar las multimillonarias cantidades derivadas de tan generosa acción gubernamental (cortesía de Ernesto Zedillo y sucedáneos), sin olvidar que a estas alturas aún adeuda cerca de 900 mil millones de pesos.

Lo mismo sucede con otros rescates, como el carretero de 1997 (también cortesía de Zedillo y los que lo relevaron en la gerencia de Los Pinos). Este año se cumplen dos décadas de tal acción gubernamental, y los mexicanos han pagado cantidades espectaculares, aunque todavía deben pagar alrededor de 200 mil millones adicionales. Y en no pocas ocasiones el gobierno regresó las carreteras a los empresarios rescatados. El inventario de rescates y salvamentos es enorme, e incluye, entre otras, a las líneas aéreas, los ingenios azucareros, los satélites y muchos más.

Eso sí, desde el inicio de la era neoliberal sus gerentes dijeron basta de subsidios, porque distorsionan el mercado y al final de cuentas elevan los precios. Bien, pero, por ejemplo, de un plumazo en 1999 (también con Zedillo en Los Pinos) el gobierno federal decidió cancelar el subsidio a la tortilla, porque con la apertura del mercado y la competencia entre los productores se logrará abatir el precio de este alimento básico en la dieta popular, lo que favorecerá ampliamente a los consumidores.

Casi 18 años después, el precio de ese producto básico en la dieta de los mexicanos acumula un incremento cercano a 2 mil por ciento, y tras el reciente mega gasolinazo los productores del disco llenador a punto están de meter el acelerador (desde ya anuncian que el aumento podría ser de 20 por ciento o más). De ese tamaño ha sido el amplio beneficio obtenido por los consumidores. Por cierto, la inflación oficial en el periodo citado fue de aproximadamente 140 por ciento (el dato es del Inegi).

En enero de 1999 con un salario mínimo se adquirían 53.3 kilogramos de tortilla; en igual mes, pero de 2017 con el ese micro ingreso apenas se compran poco menos de 6. En la primera fecha citada, el kilogramo se vendía a 60 centavos y dieciocho años después a 14 pesos, sin considerar que en algunas ciudades (como en Mexicali) se expende a casi 18 pesos. El beneficio, pues, fue una merma cercana a 90 por ciento.

Entonces, cambia el producto, pero nunca el argumento: ahora ya no es la tortilla, sino la gasolina. Que se acabaron los subsidios y que el gobierno no tiene por qué recurrir a ellos en el caso de los combustibles, porque será el mercado el que ponga las reglas y genere (otra vez) los beneficios. Y éstos, de entrada, se traducen en hasta 24 por ciento de aumento en los precios (Magna, Premium y diésel, más gas licuado de petróleo, tarifas eléctricas y lo que se acumule) de aquí al próximo 3 de febrero, porque vendrán dos ajustes más entre el 4 y el 17 de ese mismo mes, para que a partir del día 18 pasen a ser diarios. ¿Así, o más beneficiados?, porque ya lo dijo el gobierno: la liberalización (será) paulatina.

El paraíso, pues, pero bien lo advierte un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública –CESOP– de la Cámara de Diputados: como es del dominio público, los precios de tales combustibles muestran desde hace tiempo un inexorable incremento que la reforma energética no ha sido capaz de revertir, aunándose a lo anterior el hecho de que a partir de 2017 los precios de tales carburantes serán determinados por el libre mercado.

El citado centro de estudios documenta su dicho mediante la gráfica que acompaña este texto, no sin advertir que en oposición a los argumentos esgrimidos en los meses previos a la aplicación de la reforma energética, que fueron divulgados reiteradamente en todos los medios de comunicación y que sostenían que de llegar a aprobarse esta reforma, los precios del gas, de la gasolina, del diésel y de la electricidad, iban a disminuir para el consumidor final, una vez aprobadas las reformas aludidas sucedió todo lo contrario y los gastos que los ciudadanos mexicanos tienen que realizar para cubrir el pago de gasolinas y diésel son más altos que nunca.

Ese es el punto, con todo y que el llanero solitario que despacha en Hacienda asegure que el aumento en el precio de las gasolinas no debe asustar a los consumidores mexicanos, porque con el nuevo esquema se divorciará el precio del petróleo de razones tributarias o políticas. Qué bueno, pero olvidó mencionar que casi una tercera parte de dichos precios es, simple y llanamente, impuesto (IEPS más IVA). Y como ya se divorció, entonces el gobierno se embolsará no menos de 300 mil millones de pesos por… impuestos a la gasolina.

Las rebanadas del pastel

A ver si aprenden: el gobierno sostiene que los precios de los combustibles no aumentan, se ajustan; las tarifas eléctricas no se incrementan, se actualizan; y, en fin, el tipo de cambio no se devalúa, flota. Bien, pero con todo, ayer el dólar se vendió a 21.43 nano pesitos… Y finalmente Ford dice que siempre sí le hace caso a las amenazas de Donald Trump, y que por lo mismo cancela su anunciada inversión (mil 600 millones de dólares) en una planta productora que instalaría en San Luis Potosí. Y todavía no se sienta en la Oficina Oval.

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