Bajo el signo de la corrupción –cada vez más rechazada por la sociedad– transcurrió 2016 con repercusiones políticas y electorales. Con un gobernador preso, otro prófugo de la justicia y dos más que enfrentan demandas de sus sucesores por malversación de recursos públicos, por lo que fue un año electoral funesto para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la pérdida de siete de las 11 gubernaturas que estuvieron en disputa, restructurando el escenario rumbo a la sucesión presidencial.

En contraste, fue el año de la promulgación de leyes secundarias que darán paso al Sistema Nacional Anticorrupción como alternativa para acotar los enormes márgenes de discrecionalidad que favorecen la corrupción, y en el que el presidente, Enrique Peña Nieto, previo ofrecimiento de disculpas por el asunto de la casa blanca, anunció la instrumentación de un ambicioso paquete de acciones para combatir la corrupción y revertir el desgaste de la credibilidad social en las instituciones.

Periodo de claroscuros en materia delincuencial, pues ha sido el más violento que se ha registrado en este sexenio, con el recrudecimiento en la confrontación de los cárteles de la droga, reavivando las ejecuciones, con especial agudeza en Guerrero. Hasta noviembre, el Sistema Nacional de Seguridad Pública había reportado 20 mil 858 homicidios, más de 10 por ciento de los perpetrados en 2015, en que fueron 18 mil 673.

Ante el fracaso de las políticas en materia de seguridad, que durante el año ya motivaron la inconformidad del Ejército por su permanencia en la lucha contra el crimen organizado, el gobierno federal reconoció el repunte de la violencia en 50 municipios y anunció estrategias focalizadas.

También en estos 12 meses, mediante la actuación de la Marina, se registró otro espectacular golpe al crimen organizado al recapturar, en enero pasado, a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, cuya fuga, en 2015, evidenció a las instituciones de seguridad pública, en una evasión, en la que la corrupción estuvo implícita en mandos medios de esa estructura.

En este año electoral estaban en juego 11 gubernaturas, cuyas campañas se concentraron en un fuego cruzado contra presuntos actos de corrupción, las cuales terminaron inclinando la balanza y precipitando una histórica derrota del PRI, incluso, en estados nunca gobernados por la oposición (Veracruz y Quintana Roo) y que derivaron en complejas transiciones en las que lo político y lo judicial se entrelazaron.

Por otra parte, aunque las denuncias de diversos actores políticos y sociales habían proliferado en su sexenio, en el ocaso de su gestión, poco antes de fugarse ante las evidencias y la acción legal de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Duarte heredó un quebranto en las finanzas de Veracruz superior a los 35 mil millones de pesos. Malversación de recursos de programas sociales, de fondos para seguridad, dinero de pensiones, partidas destinadas a municipios y a la Universidad Veracruzana fueron parte de la voracidad del político.

Si bien durante la campaña para elegir gobernador se confrontó con quien sería su sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes, acusándose mutuamente de corruptos, fue una vez consumada la derrota del PRI cuando se acumularon las denuncias promovidas por la Auditoría Superior de la Federación y por la PGR, las cuales precipitaron un abrupto final. En Televisa, Duarte anunciaba su dimisión para enfrentar legalmente su defensa, algo que resultó un parapeto para huir.

Más denuncias de malversación de recursos públicos

No sería el único perseguido por sus excesos en una gubernatura. En noviembre, acorralado por las denuncias de malversación de recursos públicos, el ex gobernador panista Guillermo Padrés fue aprehendido tras acudir a un juzgado.

Los casos del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte –acusado de enriquecimiento y malversación de recursos públicos por su sucesor, Javier Corral–, y el gobierno de Roberto Borge, que por ahora las denuncias se han limitado a funcionarios de su gabinete, complementan el escenario.

Secuela de la violencia, 2016 no sólo se caracterizó por el repunte de ejecuciones, sino también porque las desapariciones volvieron a colocarse como preocupación social. Son más de 28 mil casos.

En paralelo, en materia de derechos humanos, la crisis se agudizó con el desenlace de dos investigaciones independientes de sucesos en los que se registraron graves violaciones a los derechos humanos: Ayotzinapa, Guerrero, y Tanhuato, Michoacán.

En abril, la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó la relación de este organimso con el gobierno federal de forma abrupta tras las descalificaciones mutuas sobre las investigaciones: la conclusión del grupo avalado por el organismo internacional rebatió abiertamente la verdad histórica decretada por la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y sembró dudas sobre la investigación oficial.

Para agosto, las indagatorias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el presunto enfrentamiento en Tanhuato registrado en 2015 entre el crimen organizado y la Policía Federal arrojaron la siguiente información: elementos de la corporación “ejecutaron de manera arbitraria” a 22 de los 42 civiles muertos. Además, otros cuatro fueron muertos por uso excesivo de la fuerza.

Y en este entorno, un insólito perdón implorado por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, tras conocerse un video que evidenció un caso de tortura que involucraba a militares.