Por uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, y al gobernador de la entidad, Silvano Aureoles.

En la recomendación 65/2016, se señala que militares del 65 batallón La Placita, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad y los mandos de control cometieron, conocieron y toleraron la actuación desproporcionada de las fuerzas policiacas y militares, que dejó 10 personas heridas y la muerte de un niño, en diversas acciones en contra de pobladores que bloqueaban un tramo carretero.

Los hechos, ocurridos el 19 de julio de 2015, se iniciaron con el arresto de Cemeí Verdía, líder de las autodefensas, realizado por policías estatales y militares, que trasladaron al detenido en helicóptero, mientras el convoy militar tomó la carretera Tecomán-Lázaro Cárdenas hacia las instalaciones castrenses ubicadas en esta última ciudad.

Los comuneros presumieron que su líder estaba en alguno de los vehículos del convoy militar y organizaron tres bloqueos sobre dicha carretera: Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla, para impedir el paso y liberarlo.

En la recomendación de 188 cuartillas, que da detalle de todas las acciones de las fuerzas federales y estatales, se concluye que la versión de los militares resulta no creíble en varios pasajes, pues no concuerda con las declaraciones de pobladores ni con diversas pruebas periciales.

Además, se acreditó que en el bloqueo del Puente Ixtapilla, 15 militares dispararon, lo que dejó seis lesionados y el menor fallecido. Aquí 17 testigos observaron a militares disparar, lo cual fue coincidente con la ubicación de los elementos castrenses. La población nunca disparó armas.

La CNDH identificó que hay correspondencia de los calibres de los cartuchos percutidos por el 65 Batallón de Infantería con los impactos de bala observados en los inmuebles dañados y los casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos, señala la recomendación.

Además, la CNDH advierte que aunque militares y policías son responsables de violentar el derecho a la legalidad e integridad personal de los pobladores, atribuye la muerte del menor a elementos de la Sedena.

También se señala que en el bloqueo en Duin servidores públicos de la SSP emplearon indebidamente armas no letales, como gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo.