Los gasolinazos en el país iniciaron en 2010, a partir de una propuesta del entonces presidente Felipe Calderón y el ex secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quienes presentaron como argumento un hoyo financiero de 300 mil millones de pesos.

La negociación para aprobar el incremento mensual a las gasolinas, luego de la crisis económica de 2009, derivó de la relación personal entre Calderón Hinojosa y la presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel, lo que permitió allanar el voto de los diputados del tricolor para imponer el incremento como medida recaudatoria.

César Nava, a la sazón dirigente nacional del PAN y miembro del círculo cercano a Calderon Hinojosa, fue el encargado del diálogo con Paredes Rangel, quien a su vez convenció a los diputados, encabezados por Francisco Rojas Gutiérrez.

En los últimos días de diciembre de 2009, la fracción del PAN en la Cámara de Diputados introdujo en el orden del día de la sesión aprobatoria del gasto un dictamen de la Comisión de Presupuesto, el cual incluía el incremento a gasolinas y diésel, que fue respaldado por la diputación priísta.

Una vez aplicado el incremento, el priísmo acusó a Calderón de la medida que resultó impopular; ante ese discurso César Nava respondió:

“Los aumentos en las gasolinas en el año que inicia no fue una decisión unilateral de Calderón, sino de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, incluyendo al PRI… no se vale, por lo tanto, tirar la piedra y esconder la mano, como hace ese partido”.

En esos momentos a Nava se le señalaba de corrupción durante su paso como abogado de Petróleos Mexicanos.

En medio de la polémica, el entonces subsecretario de Ingresos de Hacienda, José Antonio Meade, informó que a partir del primero de enero de 2010 el litro de Magna costaría ocho centavos más, el de Premium nueve y el diésel ocho, para reflejar el cambio en la tasa del iva de 15 a 16 por ciento.

Meade expresó que el incremento constituía una medida responsable para fortalecer las finanzas públicas de todos los órdenes de gobierno, (y) mantener sin cambios nominales los precios de los bienes que proporciona el sector público dañaría severamente las finanzas públicas del país y, a la postre, obligaría a imponer cargas fiscales mayores a consumidores y contribuyentes.

En enero, el entonces nuevo secretario de Hacienda y actual senador del PAN, Ernesto Cordero, compareció –junto con el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel–- ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con objeto de explicar a diputados y senadores el gasolinazo y los nuevos impuestos.

En esa sesión, el entonces senador del PT, Ricardo Monreal Ávila, reclamó que el gasolinazo representaba un atentado a la población.

Cordero replicó: Volver a congelar el precio de las gasolinas sería irresponsable (...) Lo responsable es continuar con estos deslizamientos. El combutible en México es de los más baratos del mundo.

Según cifras de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, en el sexenio de Calderón se aplicaron 91 gasolinazos, y la Magna subió de precio 61 por ciento y la Premium, 42 por ciento.