Puebla, Pue.

Durante la administración del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017), que concluye el 31 de enero, el número de feminicidios en Puebla aumentó 575 por ciento. De 2013, año en que se tipificó este delito en el estado, al cierre del 15 de diciembre de 2016, los asesinatos por razones de género se incrementaron de 12 a 81.

En tanto, los homicidios dolosos de mujeres subieron 18 por ciento entre 2011 y 2015, según datos que presentó el titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Víctor Carrancá Bourget, durante su comparecencia ante el Congreso estatal.

La FGE reconoció 12 asesinatos como feminicidios en 2013, ocho en 2014, 37 en 2015 y hasta octubre pasado sumaban 46.

En contraparte, la organización civil Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) reportó que, de acuerdo con un conteo propio, en 2013 fueron asesinadas 50 mujeres.

En 2014, los homicidios sumaron 60, en 2015, 50, y en lo que va de 2016 han sido asesinadas 81 mujeres.

La directora de Odesyr, Vianeth Rojas Arenas, comentó que esta cifra es un subregistro, pues por cada asesinato o posible feminicidio hay uno que no fue documentado por los medios de información.

Además, el único sentenciado por feminicidio es Nicolás Pérez, de 25 años de edad, quien en febrero de 2013 agredió sexualmente, golpeó y mató a su novia, Patricia Limón.

Incumplen recomendaciones y no se emite alerta de género

El pasado 18 de junio la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió 11 recomendaciones al gobierno poblano, las cuales fueron aceptadas. Se le dio un plazo de seis meses para atenderlas, o de lo contrario la Secretaría de Gobernación declararía alerta de violencia de género.

El plazo venció el 18 de diciembre y la autoridad no ha cumplido las recomendaciones, afirmó la vocera de la asociación Todos para Todos, Violeta Lagunes, que encabeza a más de 22 organizaciones no gubernamentales de Puebla dedicadas a promover la alerta de género.

Lagunes exigió la renuncia de Verónica Sobrado Rodríguez, directora general del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH), Adolfo López Badillo, por bloquear la iniciativa de alerta de género y negar que aquí existe el problema.

Todos para Todos también inició un proceso ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) con el propósito de exigir otras alertas, entre ellas las de violencia sexual, a fin de combatir la trata de personas en el corredor Puebla-Tlaxcala, que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ocupa el primer lugar en quejas.

Además, la Red Plural de Mujeres de Puebla, formada por activistas e integrantes de partidos políticos, buscará emitir un contrainforme para que el gobierno estatal responda las recomendaciones sobre feminicidios.

Explicaron que la administración de Moreno Valle sólo ha cumplido de manera parcial las 11 recomendaciones de la Conavim.

Saña contra universitarias

En los tres años recientes, seis estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fueron víctimas de feminicidio. Una de ellas era Tania Verónica Luna, qiuen fue encontrada asfixiada y encadenada a una mesa en su vivienda.

Cursaba el quinto semestre de sociología y planeaba viajar a Managua, Nicaragua, para participar en la mesa de análisis Géneros, sexualidades y movimientos sociales.

Las otras universitarias asesinadas son Aracely Vázquez Barranco, estudiante de ingeniería civil; María José Feliciano Romero, de la Facultad de Estomatología; Nayeli Sosa Romero, de lenguas modernas; Iraís Ortega Pérez, estudiante de cultura física, e Isarve Cano Vargas, alumna de derecho.

El crimen de Tania Luna provocó que la comunidad universitaria demandara al gobierno local no revictimizar a la joven y a la BUAP tomar con seriedad los casos de feminicidio.

La directora del Odesyr, Vianeth Rojas Arenas, señaló que en Puebla existen vicios en la integración de expedientes por feminicidio, por falta de capacitación y de sensibilidad de los agentes del Ministerio Público.

Agregó que las autoridades deben investigar con perspectiva de género y sin prejuicios ni discriminación. Tienen que entender que los asesinatos y otros crímenes contra mujeres con algún tinte de odio son particulares. Los casos no pueden estar en manos de personas prejuiciosas, pues la subjetividad de quienes investigan hace que no lo vean como feminicidio, recomendó.

Recordó que algunas características previstas en el tipo penal del feminicidio en Puebla son que el cuerpo de la víctima esté tirado en la vía pública, que haya indicios de tortura o violencia sexual, que tenga o haya tenido relación de parentesco sentimental con el victimario o que haya denunciado violencia anteriomente. Con sólo una de estas condiciones, se debe considerar feminicidio, destacó.