En México existen 4.9 millones de trabajadores que laboran bajo el esquema de outsourcing, ubicado en quinto lugar en la industria de la subcontratación en América Latina. De este total, sólo 150 mil –una mínima parte– están contratados de acuerdo con la ley.

Es decir, la gran mayoría de estos trabajadores no tienen prestaciones, laboran en la incertidumbre y sin seguridad social, señaló el diretor comercial de ManpowerGroup México, el Caribe y Centroamérica, Héctor Márquez.

El directivo dio a conocer el reporte 2016 de Staffing Industry Analysts, que señala que en México hay aproximadamente 900 empresas de terciarización, de las cuales únicamente una centena están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de ellas, apenas 40 pagan los impuestos correspondientes.

Peor aún, del total de empresas de subcontratación existentes, sólo 20 permiten la realización de auditorías legales.

Márquez indicó que es fundamental que se establezcan mecanismos para evitar que malas empresas de subcontratación mantengan las prácticas de evasión y elusión en el pago de gravámenes.

Por esta razón, durante el presente año las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía han trabajado en la elaboración de una norma oficial para fiscalizar a las firmas de outsourcing y verificar que cumplan con los deberes patronales. Las dependencias trabajan en coordinación con las cúpulas empresariales.

El directivo planteó que el outsourcing ha crecido en México en forma muy importante, debido a que ha logrado alcanzar altos niveles competitivos de eficiencia y rentabilidad en los diversos ámbitos productivos del país. Sin embargo, el marco legal no ha sido claro al respecto.

Hizo ver que esta situación se ha prestado a que muchas empresas no paguen impuestos, o funcionan con esquemas en los que cubren sólo unos gravámenes y otros no. Lo fundamental es que los trabajadores en estas compañías no tienen prestaciones y están en una situación de indefensión, explicó el directivo luego de sostener que se tiene que regularizar todo el esquema fiscal en el sector y establecer un piso parejo para todos los que participan en las actividades de terciarización.