El inicio de la fase informativa de la consulta indígena en esta capital por la Asamblea Constituyente tuvo ayer marcados contrastes en cuanto a la asistencia de personas, pero se caracterizó por un común denominador: el desdén de la mayoría de los diputados que integran la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios.

Por la mañana, en la delegación Gustavo A. Madero, un numeroso contingente –de zonas como San Juan de Aragón, Cuautepec y Chalma– se concentró en el deportivo Carmen Serdán, donde se realizó el primero acto, pero acudían más atraídos por una supuesta entrega de becas que por informarse; incluso, en entrevista muchas mujeres no supieron contestar de qué se trataba la reunión.

La diputada constituyente Ana Julia Hernández expuso los contenidos de los artículos del proyecto de constitución de la Ciudad de México relacionados directamente con las comunidades indígenas. Estaba agendada la presencia de Patricia Ruiz Anchondo, de Morena, y de Isidro Cisneros, del sol azteca, pero ninguno llegó. De la primera también estaba previsto que acudiera por la tarde al Parque del Mestizaje para otra asamblea informativa, pero llegó cuando ya prácticamente había concluido la reunión.

En Azcapotzalco, la secretaria de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Nelly Juárez, del PRD, acudió sola a un encuentro con 30 personas del barrio de San Lucas Atenco –o colonia Del Recreo–, del pueblo de Santa Bárbara, y de la colonia San Pedro Xalpa. Más tarde acudió a la delegación Miguel Hidalgo, donde la asistencia fue sólo de 11 personas. En este punto la acompañó el constituyente Aristeo López, también perredista, quienes detallaron los tiempos de la consulta y los contenidos de los artículos relacionados con este tema.

Por otra parte, el diputado constituyente Jaime Cárdenas, de Morena, aseguró que poderes fácticos del país y de esta ciudad presionan tanto al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como a la Asamblea Constituyente para darle un sentido más neoliberal a la constitución de la Ciudad de México.

En entrevista dijo que lo que pretenden es acrecentar la intervención económica en la prestación de servicios públicos como agua, basura, transporte o residuos sólidos.

En otro orden de ideas, el área de comunicación social de la Asamblea Constituyente distribuyó un comunicado según el cual la Comisión de Principios Generales había aprobado ya el artículo 73 –relativo al tema de capitalidad– y el inciso III, apartado C, del artículo 26, alusivo a la progresividad fiscal, término que se eliminó.