l ataque a las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, cometido el miércoles pasado durante una protesta de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como estudiantes de esa escuela, no puede tener otra interpretación más que ofensa, humillación, vejación y afrenta al Ejército, que años atrás resultaría inconcebible, como extraño hubiera sido que los militares anduvieran recorriendo las calles haciendo labores propias de la policía.

A partir de 2000, cuando sacaron a los soldados de los cuarteles a combatir el narcotráfico y desempeñar papeles que, se entiende, no les corresponden, los militares han sido retenidos por pobladores, los han insultado y han apedreado sus instalaciones con la consigna de aguantar, aguantar, aguantar. Pero el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ya no aguantó más y explotó denunciando que se ha desnaturalizado la función del Ejército y exigió que se le enmarque en la legalidad.

Pero también tiene otras aristas el aguante que, obviamente por órdenes superiores, han tenido los militares. Puede entenderse como el pago que hace la autoridad civil por su incapacidad o falta de voluntad –o ambas– para no cumplir con sus responsabilidades. Así, al no haber solucionado la desaparición de los muchachos, el gobierno envía la factura al Ejército para que no vayan a responder a la provocación de que es objeto. Sucesos como el de este miércoles no habrían de ocurrir si la autoridad ya hubiera esclarecido la tragedia de Iguala.

Por la misma razón, el gobierno permite que organizaciones sociales inconformes bloqueen vías federales lo mismo que calles e inmuebles públicos. Si la autoridad atendiera las necesidades de justicia social y jurídica, la gente no saldría a las calles a expresarse; los inconformes no buscan que el gobierno les permita crear desorden, sino exigen que se atiendan y solucionen sus demandas.