l pasado 8 de diciembre fueron asesinadas Alma Josefina y Valeria en la Ciudad de México. Ambas trabajadoras sexuales estaban paradas en la esquina de calzada de Tlalpan y Segovia, cuando un Dodge Stratus azul o gris oscuro se detuvo a su lado. Del vehículo bajó uno de los tres hombres que venían a bordo y subió a una de ellas. La otra fue forzada a acompañarlos.

Nunca regresaron a sus puestos de trabajo, por lo que sus compañeras intentaron comunicarse a sus celulares, pero no obtuvieron respuesta. Las buscaron en los hoteles del rumbo y nada. Luego contactaron a los familiares, quienes por cierto no sabían a qué se dedicaban, y pusieron la denuncia en la procuraduría capitalina. Tres días después apareció el cuerpo de una de ellas con un dedo mutilado. La otra fue encontrada, también muerta, el martes 13 de diciembre, sin un pedazo de mano. A una de ellas también le arrancaron el rostro.

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez recabó los testimonios de las compañeras de las jóvenes. A esta organización, que lleva más de 20 años luchando por los derechos de quienes se dedican al trabajo sexual, le confirmaron que la policía nunca les presta seguridad y que siempre extorsionan a sus clientes. Todas, dice la brigada, temen por su vida y la de sus compañeras, pues no cuentan con protección de la autoridad.

Los casos de Alma Josefina y Valeria, de 24 y 29 años, no son aislados. Su muerte se une a la ola de feminicidios que se cometen en La Merced, San Pablo, Puente de Alvarado y calzada de Tlalpan, entre otros puntos en los que se ejerce el trabajo sexual, actividad que a muchos espanta, más que los propios asesinatos.

Estos crímenes, denuncia la brigada, son posibles gracias a la falta de certeza y seguridad jurídica para las trabajadoras sexuales en todo el país. Ellas y muchas como ellas no pueden ser protegidas por la nueva Constitución de la Ciudad de México, ya que pudo más la hipocresía, la sinrazón religiosa, la represión sexual y los intereses económicos de la industria del rescate de víctimas de trata de personas y de la industria de la fe en sus acepciones católicas, evangélica y cristiana.

Las trabajadoras sexuales, reconocidas o no, exigen el esclarecimiento de estos crímenes y que no se acuse a personas inocentes para salir del paso en las investigaciones ministeriales. Lo principal, demandan, es que se legisle una ley secundaria sobre trabajo sexual en la Ciudad de México, que permita ir construyendo la seguridad y certeza jurídica que actualmente no tiene este sector de trabajadoras no asalariadas.

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