Al considerar que en el presunto enfrentamiento entre la Policía Federal (PF) y presuntos miembros del crimen organizado ocurrido en Tanhuato, Michoacán, en 2015, se registraron graves violaciones a los derechos humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) resolvió favorablemente un recurso de acceso a la información promovido contra la Procuraduría General de la República.

Por ello, ordenó a la dependencia entregar versiones públicas de declaraciones de policías involucrados y oficios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la corporación.

Durante la sesión del pleno, los comisionados estimaron que la clasificación de reserva decretada por la PGR, bajo el argumento de que se trataba de información relacionada con una investigación en proceso, caía en el supuesto legal según lo cual, cuando las indagatorias se relacionen con hechos donde hubieran violaciones graves a derechos humanos, es procedente abrir la información en versión pública.

Basado en la recomendación sobre el caso que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el comisionado ponente, Óscar Guerra, sostuvo que en los hechos –donde murieron 43 personas (42 civiles y un policía)– se desprende que: se acreditó falta de veracidad en los informes de la Comisión Nacional de Seguridad y la PF sobre el operativo; hubo uso excesivo de la fuerza pública que derivó en la ejecución de cuatro personas, tres de ellas con disparo en la cabeza de atrás hacia adelante.

Hubo manipulación del lugar de los hechos, cadáveres y proyectiles, por lo que no se pudieron determinar las condiciones en que murieron 15 personas; la PF sembró armas posteriormente; se registró trato cruel, inhumano y/o degradante de una persona; la tortura de otras dos, y hubo violaciones a la dignidad e integridad de los cadáveres.

Por todo ello, con base en las consideraciones de la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –que también censuró el abuso por una institución del Estado mexicano, similar a las ejecuciones en Tlatlaya, estado de México–, de forma unánime se ordenó a la PGR entregar versiones públicas de las declaraciones contenidas en la investigación de los policías involucrados; las pruebas de balística, los 11 oficios remitidos por la PF y dos más que entregó la Sedena.