El presidente del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Santiago Corcuera Cabezut, advirtió de los graves riesgos que implica dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico que les permita participar en labores de seguridad pública. No me parece apropiado tratar de hacer legal lo que hoy es ilegal, dijo.

Precisó que “la militarización de la seguridad pública ha sido un error en todas partes del mundo. Todas las instancias y organismos internacionales lo han dicho. Nosotros no tenemos esta opinión simplemente por molestar a alguien o por estar en contra de lo que dice ese proyecto de ley.

Lo que decimos tiene sustento en la realidad, probado científicamente desde hace décadas. Y simplemente los legisladores deben tomar en cuenta todas estas consideraciones, dijo.

Entrevistado acerca de la iniciativa del PRI para proporcionar el marco jurídico que han solicitado las fuerzas armadas para normar su participación en estas tareas, y después de que se planteó discutir la propuesta en un periodo extraordinario en enero próximo, Santiago Corcuera se pronunció porque los militares retornen a los cuarteles y a sus labores constitucionales.

Sin embargo, destacó que para ello es necesario que se reconfiguren los cuerpos policiacos, que de manera capacitada y profesional deben estar al frente y ser responsables directos de las tareas de seguridad pública.

Corcuera Cabezut, quien en octubre pasado fue elegido por dos años presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, precisó que la reforma legal que necesita el país es la del uso legítimo de la fuerza, para que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estén sometidos a las mismas reglas, que dentro de los estándares internacionales establecen principios básicos como racionalidad, congruencia, proporcionalidad, legalidad, necesidad y oportunidad, entre otros.

Estos principios, agregó, se hacen necesarios para evitar que se presenten nuevos episodios de crímenes atroces cometidos por el Estado, como los ocurridos en Tanhuato (Michoacán), Tlatlaya (estado de México) y Nochixtlán (Oaxaca).

Advirtió: lo que debemos establecer son límites, no permitir la realización de actividades que están prohibidas porque por algo están prohibidas.

Santiago Corcuera pidió que se analicen a profundidad las recientes declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien dijo que las labores de seguridad pública son distintas a las de seguridad nacional.

Estas declaraciones deben ser analizadas para que de verdad se adopten medidas correctas y las fuerzas armadas se vayan retirando de manera prudente y paulatina a sus cuarteles, y que las labores de seguridad pública se deje en manos de los cuerpos policiacos integrados por civiles, no por ex militares.